La negociación comenzó con el objetivo de renovar la Ley de Protección de Datos actual, que cumple 20 años en 2019. Por el camino se añadió un título sobre "derechos digitales" que no gustó a expertos, juristas ni patronal digital, pero que los partidos usaron para publicitar el texto. El PSOE incluyó el punto que legaliza la propaganda electoral invasiva un año después del comienzo del proceso.
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