La causa, abierta inicialmente por un supuesto delito de prevaricación administrativa, tenía su origen en una denuncia interpuesta en abril de 2018 por el PP. El pasado 27 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia acordó el sobreseimiento provisional de otra de las ramas de esta causa. La jueza instructora concluye que "los hechos investigados no pueden ser constitutivos de infracción penal" y que "en el proceso de contratación no se aprecia irregularidad alguna".
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