De enero a septiembre de este 2021, un total de 1.398 personas de 816 familias han percibido la Renta Garantizada en Burlada, una prestación social a través de la cual el Ayuntamiento trata de asegurar los mínimos para posibilitar una vida digna a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Para ello el Consistorio ha destinado 3,3 millones de euros, uno menos de los que destinó en todo el año pasado, cuando recibieron la ayuda 1.280 personas de 756 unidades familiares.

El Programa de Actuaciones Estratégicas con la Población Gitana está dotado con 40 millones en 10 años que buscará erradicar el chabolismo

El economista Julen Bollain, experto e investigador de las rentas, explica en un hilo en Twitter por qué el Trabajo Garantizado no es un logro en términos de igualdad económica.

La prestación social estaba suspendida por una sanción de seis meses y la Dirección General de Familias informó de que el 29 de mayo se podía reanudar el papeleo para percibir la prestación

La ONG Oxfam Intermón propone instaurar una renta garantizada de 590 euros mensuales para todos aquellos hogares que vivan bajo el umbral de la pobreza. Para ello, propone una serie de ajustes fiscales que permitirían recaudar unos 8.400 millones de euros más al año y paliar así parte de las muchas carencias del sistema de protección social español.

Quienes solicitan la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se ven obligados a sumergirse en un periplo burocrático para el que no están preparados. El caos en la gestión de esta ayuda, que la Generalitat presentó en el anterior mandato como un proyecto estrella, ha provocado un alud de denegaciones, un 84% del total de solicitudes, muchas de las cuales acaban con un recurso contencioso-administrativo.

El Govern, en respuesta a una petición de transparencia, admite que solo ha aprobado el 9,2% de las nuevas solicitudes de la prestación hasta mediados de enero.

La gran diferencia de la Renta Básica Universal y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda a quienes ya han fracasado, a quienes han caído en la miseria y puedan demostrarlo ante la burocracia estatal. Sea porque se han quedado en el paro; sea porque, pese a trabajar remuneradamente, no superan el umbral de la pobreza. En cambio, la RBU pretende evitar que cualquier ciudadano pueda caer en la pobreza y no pierda su capacidad para vivir en libertad.

La renta garantizada de ciudadanía (RGC) es una prestación económica de la Generalitat de Cataluña que busca “asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza”. Entró en vigor en julio de 2017, y desde entonces han estado circulando algunos bulos que aseguraban que las ayudas eran exclusivas para inmigrantes. Por ejemplo, este tuit en el que se dice que la RGC se abona “de forma indefinida a todos los musulmanes, refugiados y mujeres que denuncien violencia de género”.

La idea de una renta básica universal ha calado entre amplios sectores de la población, pero entre otros sectores genera todavía algunas reticencias fruto principalmente de la desinformación y la manipulación promovida por los sectores más conservadores. La propuesta de Podemos Extremadura se encuentra a medio camino entre una renta mínima y la renta básica universal, si bien contiene algunas de las medidas más beneficiosas que esta última conlleva, y la consideran un paso intermedio para su consecución, a la que aspiran como objetivo.

El TG consiste en convertir el derecho al trabajo en un derecho fundamental que pueda ser exigido por cualquier ciudadano/a ante las instituciones.

En vez de empleo en sí, el principal desafío es el de construir un nuevo sistema de distribución de los ingresos, reconociendo que el anterior estaba irremediablemente roto. Los rentistas se están escapando con todos los ingresos generados por el capitalismo rentista y los salarios reales continuarán estando rezagados. Poner a la gente en empleos estáticos y con un salario bajo no es una respuesta válida para este problema.

Zygmunt Baumant nos advertía sobre «la angustia agobiante» de la llamada clase media por «la alta probabilidad de caer en la pobreza». Cada vez resulta más evidente que en el Reino de España no es la economía en mayúsculas —con reparto y sostenibilidad ecológica de verdad— lo que ha mejorado, sino que la única mejora sustancial sólo afecta a la situación de las clases poderosas. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, ilustra en cifras aquella angustia.

“La paguita” suele ser la manera peyorativa de llamar a la propuesta de ingreso garantizado e incondicional al margen de la relación laboral. Esta definición expresa una profunda ética del resentimiento y una mentalidad servil forjada en torno a una moral del trabajo y la genuflexión por defecto con el señorito/patrón/especulador etc.. Esta mentalidad de galeras que siempre desconfía de cualquier avance y progreso, no solo es éticamente reprobable, es además un lastre económico: el servilismo nos sale muy caro.

Publicamos la exposición que Sergi Raventós, trabajador de una Fundación de salud mental, realizó en el VII Congreso Internacional de Bioética que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Barcelona los pasados 24 y 25 de noviembre,

Hay una propuesta que parece que parte de los demócratas estadounidenses de dar un trabajo básico a la gente en lugar de una renta básica. Scott Alexander explica las razones por las que está en contra de esta propuesta.

El Ministerio de Fatima Bañez ha ordenado a los funcionarios de la Generalitat que hasta el 15 de febrero no concedan ninguna nueva prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. De hecho, hay más de un millar de expedientes que se han resuelto favorablemente que han quedado paralizados. Se trata de personas que podrían estar cobrando la prestación de 564 euros desde octubre o noviembre, según ha avanzado la Cadena Ser.

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad la creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de 564 euros mensuales, que aumentará paulatinamente hasta alcanzar los 664 en 2020 y que sustituirá la Renta Mínima de Inserción (RMI) a partir del 15 de septiembre, cuando entre en vigor.

La prestación media de la renta es de 377,11 euros que se distribuyó de acuerdo con el número de miembros y sus ingresos medios mensuales.

Pablo Iglesias y sus grupos aliados presentan unos "presupuestos alternativos" a los del Gobierno que consisten en "recaudar más para invertir mejor".

Un sistema de RBU podría coexistir perfectamente con ideas tomadas del ingreso de participación y del EG. ¿No será mejor concentrarse en cómo aunar esfuerzos?

El RG suena bien. Es un programa que da dinero a quien no lo tiene. Tiene buenas intenciones. En realidad, es un programa torpe que impone los impuestos sobre las rentas del trabajo más altos a las familias por debajo del umbral de la pobreza, genera una trampa de dependencia a todos sus receptores. No soluciona la pobreza, sino que crea incentivos para perpetuarla. Los responsables de Podemos esto lo saben, así que en su programa electoral también incluían un complemento salarial para suavizar la transición del RG a rentas por trabajo.

España lidera el crecimiento de la renta real de las familias entre las grandes economías en los últimos dos años de crisis de inflación y de tipos de interés. Los ingresos de los que disponen los hogares acumulan un incremento del 8,9% desde la invasión rusa de Ucrania por la creación de puestos de trabajo, los aumentos de los sueldos y la moderación de las subidas de precios. En resumen: hay más personas trabajando en cada familia, muchos cobran más y a autónomos y empresas también les va mejor en general.

En el país de las oportunidades rotas y los sueños hipotecados, los jóvenes españoles se enfrentan a una realidad que parece salida de una novela distópica. Solo un 17% de los menores de 30 años ha logrado emanciparse. El resto, ocho de cada diez, sigue atrapado en casa de sus padres, no por falta de ganas, sino porque el sistema les ha condenado a la dependencia perpetua. Porque en España, la emancipación es un lujo al alcance de unos pocos, una meta inalcanzable para una generación que ve cómo sus aspiraciones se estrellan contra un muro.

Si no fuera por la política estadounidense-británica de provocar conflictos con Rusia y probablemente con China en un futuro próximo, la mitad occidental de todo el continente europeo existiría en total seguridad. Es decir, también bajo el supuesto de que Estados Unidos no mantendría un malestar ventajoso en Medio Oriente y el Norte de África, lo que fomenta significativamente la migración de estas áreas a Europa.

El año 2023 fue un año bastante insulso en términos de crecimiento económico para la Unión Europea. El PIB avanzó un tímido 0,4% en el año, un crecimiento bajo, pero que a primera vista tampoco alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta que a finales de 2022 y principios de 2023 se preveía una recesión casi asegurada. Sin embargo, cuando se indaga en los datos y se analizan otros indicadores más depurados o precisos, se puede ver que hay una parte de Europa que está inmersa una suerte de crisis invisible.

Solo hay tres países en la UE en los que la renta de los mayores de 65 años sea superior a la del resto de la población, España es el segundo

"Es trabajando como se debe socorrer a los necesitados"... y no con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) u otros alimenta-vagos pagados con dinero público. O sea, con el dinero de los demás.

La Agencia Tributaria está teniendo dificultades para lograr los datos de las aportaciones realizadas por los jubilados a las antiguas mutualidades y poder aplicar la deducción que les corresponde en la declaración de la Renta. Antonio Paredes, experto tributario de los Técnicos de Hacienda (Gestha), recomienda a los pensionistas que cotizaron en estas mutualidades que esperen hasta junio para realizar la declaración, ya que la Agencia Tributaria aún no ha conseguido todos los datos y, por tanto, no ha podido hacer el ajuste automático en las d

La Comunidad de Madrid está preparando una reforma de la ley autonómica del IRPF para que los extranjeros y expatriados que se muden a Madrid puedan deducirse la parte regional del impuesto. Si la medida sale adelante con el texto actual, permitiría deducirse el 20% de las inversiones que realicen en compra de acciones, fondos y otros productos de inversión durante el primer año de residencia.

Las personas que se muden a la Comunidad desde fuera de España se podrán desgravar un 20% si invierten en la región. La bautizada ‘Ley Mbappé' que prepara el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso propone desgravar un 20% del tramo autonómico a nuevos contribuyentes que fijen su residencia en la Comunidad, siempre y cuando inviertan en la región. En España, en IRPF se paga en dos tramos: uno nacional, el mismo para todos los españoles, y otro autonómico, que depende de la comunidad en la que vivas. El tramo nacional para rentas superiores a 300.000 eu