Que el Tribunal Constitucional pueda paralizar la reforma sobre su propia renovación es algo inédito. Este lunes, sus magistrados se reúnen en medio de toda una tormenta política que implica a Poder Judicial, Gobierno y oposición para valorar el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la renovación del CGPJ y del propio tribunal de garantías .

Hay decenas de plazas vacantes en tribunales de todo el país. Su cobertura se encuentra paralizada desde hace tiempo, pendiente de que algún día remoto nuestra judicatura salga de esa excepcionalidad interminable. El deterioro institucional es inmenso. En cualquier país europeo la cúpula judicial goza del máximo respeto de la ciudadanía, como un espacio casi sagrado. Aquí el descrédito sigue avanzando y ha alcanzado ya niveles inquietantes.

El TC tiene asignadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes una vez han sido aprobadas, pero adelantarse a su aprobación e impedir el trabajo parlamentario supondría una extralimitación de funciones que lo deslegitimaría seriamente, además de que difícilmente encontraría acomodo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene recordar cómo se ha llegado a una situación de esta gravedad.

Intervención del diputado Rafael Mayoral en el pleno del Congreso de los diputados.

Lo más curioso es que el Tribunal Constitucional iba a dilucidar sobre un asunto capital cuando los mismos miembros del órgano llevan años caducados. Eso es como si un parlamentario quisiese votar en el Parlamento cuatro años después de acabar su mandato. Es absurdo que un jurista que ha terminado su mandato desde hace años pueda decidir sobre el futuro de él mismo en el Tribunal Constitucional.

Finalmente, los seis miembros del alto tribunal designados a propuesta del PP no se han atrevido este jueves a imponer lo que era un “golpe blando” a la democracia y han optado por aplazar su debate al lunes y permitir que el órgano que representa la soberanía popular, o sea el Parlamento, votara lo que considerase oportuno. La pregunta, o una de las preguntas pertinentes a esta hora del disparatado momento político, es: ¿no tiene nada que decir o hacer el jefe del Estado ante una crisis institucional de esta magnitud?

En la decisión que tiene que tomar el lunes el Constitucional sobre si aceptan o no el recurso del Partido Popular participan cuatro magistrados con el mandato constitucional caducado (entre ellos los dos recusados). Ya no deberían estar ahí sentados, y sin embargo, quieren decidir sobre su fecha de caducidad. Y es que hasta el momento no han renunciado a decidir sobre su propio destino, aunque podrían haberse apartado voluntariamente. Ahora son sus compañeros quienes tienen que valorar si tienen un interés directo en la causa

Buena parte de la prensa española hace aspavientos a raíz de la decisión de Tribunal Constitucional español (TC) de reunirse de urgencia para tratar el recurso del PP que reclama de parar el pleno del congreso español sobre la reforma legal sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).(...) Ahora bien, la misma prensa no vio “burlas” ni “urgencia inédita” cuando el TC suspendió preventivamente el pleno del Parlamento de Cataluña

La amenaza de interferencia del pleno del Tribunal Constitucional (TC) a un debate en el Congreso de los Diputados - con el pleno de este jueves, que se ha atrasado a las 12 h, para analizar el recurso del PP para detener la reforma del Poder Judicial- ha escandalizado en Madrid. El Parlament de Catalunya, sin embargo, sufre esta interferencia desde la consulta del 9-N del 2014, y además a instancias de los partidos en el Gobierno, tanto del PP como del PSOE

El Tribunal Constitucional ha retrasado durante dos horas el pleno convocado de urgencia para estudiar las medidas cautelarísimas solicitidas por el PP para paralizar la tramitación de la reforma del poder judicial, por la que, entre otros puntos, se modifica el sistema de votación de los magistrados del tribunal de garantías, además de rebajar el delito de malversación y el de sedición.

En efecto, la Ley Orgánica del Tribunal permite recurrir en amparo laa decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes. El TC no va a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma, sino sobre la admisión o inadmisión del recurso de amparo y la suspensión cautelar del acto recurrido de forma cautelarísima hasta la admisión del recurso.Es más: si lo admite y acaba estimando el recurso, esta resolución no afecta a un eventual recurso de inconstitucionalidad sobre la ley una vez aprobada.Y si lo inadmite o desestima, igual.

El Tribunal Constitucional ha decidido estudiar de urgencia el recurso que ha presentado el Partido Popular contra la tramitación de la reforma con la que el Gobierno pretende reformar el Consejo General del Poder Judicial y desbloquear la renovación de dos de sus magistrados por parte del órgano de gobierno de los jueces.

El Gobierno andaluz renovará a los 959 médicos durante un año y seis meses al resto de profesionales, 11.015. El Sindicato Médico celebra la decisión, pero mantiene el paro a finales de enero si no se atienden el resto de exigencias

La Dirección General de Tráfico (DGT) reducirá los periodos de vigencia del carné de conducir de las personas mayores. Así lo han confirmados altos cargos del departamento que dirige Pere Navarro en el transcurso de una jornada de debate sobre los obstáculos que limitan la movilidad de las personas mayores y las necesidades de éstas, celebrada en el marco de la Vial Week (Semana de la Seguridad Vial) y organizada por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) en la sede de CEAPAT Imserso.

El líder del PP ha esgrimido este miércoles un nuevo argumento para justificar la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de cumplir cuatro años de parálisis. Alberto Núñez Feijóo sostiene que el PP mantiene el bloqueo en la renovación para “proteger el poder judicial”, porque el Gobierno quiere “controlar la justicia y politizarla”.

El Consejo de Europa lo tiene claro: el bloqueo en el Poder Judicial es “muy preocupante”. Un bloqueo que dura ya cuatro años, fruto de la negativa del PP de acometer la renovación de sus miembros. Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa –organismo paneuropeo de 46 miembros no dependiente de la UE– “lamenta la falta de avances” en la “independencia y transparencia” de los nombramientos en el ámbito judicial, algo que tiene mucho que con la actitud que lleva ejerciendo el PP durante cuatro años.

Cuando un asunto lleva un retraso de cuatro años llega un momento en que la situación empieza a ser preocupante y no tanto por la demora en sí misma, sino porque empieza a adquirir tintes de normalidad. Este domingo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplirá cuatro años en funciones, cuando su mandato es de cinco improrrogables. Ha doblado el que hasta ahora era el retraso más largo que se había vivido en el órgano de gobierno de los jueces.

Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial han dado este viernes por rotas las conversaciones mantenidas para tratar de alcanzar un pacto previo sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de cara al Pleno del próximo día 22.

Puede que no sea la conversación habitual en el metro o en el transporte de camino al trabajo, como dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero el bloqueo por casi cuatro años del Poder Judicial va más allá de la batalla política y afecta de forma muy directa a los ciudadanos. Queda particularmente patente el colapso en el Tribunal Supremo, donde las vacantes que no se cubren están provocando que haya menos sentencias, que se tarde más en finalizar los procedimientos y que se acumulen los casos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo.