DOS minutos que explican por qué no funciona el tope al alquiler de la vivienda (extracto del programa Javier Ruiz en la Cadena Ser)

Las organizaciones de afectados por las hipotecas y los alquileres, sindicatos y otros movimientos de la sociedad civil reclaman que su voz sea escuchada en la ponencia de la ley de vivienda. “No consentiremos una ley de paja”. Según esta iniciativa, la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y una regulación de alquileres efectiva y aplicable en todos los territorios y para todos los caseros. Además se debe establecer la obligación a los grandes tenedores de vivienda a que ofrezcan un alquiler social.

Blackstone sigue desinflando su cartera de pisos de alquiler en España impulsado por la inseguridad jurídica que se mastica en el sector inmobiliario desde hace algunos años y que se ha visto acrecentada por la nueva Ley de Vivienda. Concretamente, el fondo ha vendido a través de su socimi Albirana alrededor de 1.500 viviendas desde enero de 2021 hasta junio de 2022, según se refleja en las cuentas de la sociedad, que cotiza en el BME Growth desde 2018.

El último escollo es que la regulación afecte a todos los nuevos contratos.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una moción del PP, pactada con Vox y Ciudadanos, para instar al Gobierno a legislar para que haya que desalojar a los 'okupas' en un plazo máximo de un día frente a las 48 horas que defienden los socialistas. El texto sólo ha recibido el apoyo de los grupos proponentes, y ha sido rechazado por la mayoría absoluta de la Cámara. Por su parte, PNV, PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria han optado por la abstención.

El colectivo denuncia que el plan previsto incumple la ley de las distancias de los molinos a la población

Blackstone y Cerberus están detrás de Asval, asociación de propietarios de inmuebles en alquiler presidida por el exministro y exalcalde de Barcelona con el PSC Joan Clos. La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) tiene al frente al empresario Ricardo Martí-Fluxá, secretario de Estado de Seguridad con Mayor Oreja (PP) y ex jefe de Protocolo de la Casa Real. El exalcalde y presidente de Asval, asociación con sede en Madrid, tiene entre ceja y ceja un propósito: frenar la Ley de Vivienda, contra la que carga por tierra, mar y aire.

Os dejo algunos titulares de las últimas horas sobre el bloqueo a la ley de vivienda. En primer lugar, titulares centrados en el rechazo del PSOE. Público: "El Gobierno vence pero no convence a los socios con sus Presupuestos por el bloqueo del PSOE a la ley de vivienda".

Pablo Echenique capea esta entrevista en el filo entre la reivindicación del Gobierno con el PSOE y la determinación de hacer valer la identidad y el programa de Unidas Podemos. El portavoz de los morados en el Congreso repinta las líneas rojas en la negociación presupuestaria con sus socios –la 'ley mordaza' y la de vivienda y el gasto en Defensa–, al tiempo que pide topar también las hipotecas pese los recelos del presidente Sánchez. ¿Yolanda Díaz? Respetuosa cautela sin hacer de «exégeta» de sus intenciones.

El sector promotor advierte de una contracción generalizada por menores márgenes ante el poder que pasarían a tener los ayuntamientos para imponer un 30% de vivienda social en suelo urbano. Para compensar los ingresos que se pierden en el 30% de vivienda protegida y que la obra siga siendo viable, el promotor se ve obligado a elevar el precio de los pisos no protegidos, que a su vez, hace más difícil su venta. El aumento de costes es tan intenso que, en muchos casos, puede hacer económicamente inviable la realización de multitud de promociones.

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Moncloa suscribe un compromiso explícito para arreglar el tema competencial, la principal discrepancia de los republicanos cuyos 13 escaños eran decisivos para que el Pleno no tumbara la normativa, que sigue su tramitación parlamentaria. Tras negociar hasta el último minuto, prácticamente hasta la votación de las enmiendas a la totalidad de este jueves, ERC ha logrado un compromiso de los partidos del Gobierno que permitirá no dejar caer la Ley de Vivienda, una de las normas más importantes de la legislatura.

No es oro todo lo que reluce estos días en la relación entre el Gobierno español y el PNV. A pesar de que el acuerdo entre los ejecutivos vasco y español cierra la disputa sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, los jeltzales ya habían avisado de que, por mucho que el contador vuelva a situarse a cero, iban a tener problemas con las leyes recentralizadoras del gabinete de Pedro Sánchez.

Atlas Real Estate Analytics proyecta que la oferta de vivienda en alquiler se reducirá en un 48% en las zonas donde se aplique la nueva normativa. Las restricciones de la nueva ley provocarían que el 67% de la oferta de grandes propietarios en zonas tensionadas se vuelva inviable. Los caseros particulares no tendrían obligación de bajar precios pero, si no realizan reformas, estarían expuestos durante al menos tres años a restricciones sobre el negocio que harían que el arrendamiento se vuelva inapetecible para el 47%.

El Gobierno ya ha aprobado otra de sus leyes estrella de la legislatura, amén de la convulsa reforma laboral que ha salido adelante con muchas trabas y suspense. La vivienda era otro de los objetivos del Gobierno de Sánchez, un mercado que ha sido el causante ya de varias crisis económicas y que podría causar otra si no se le controla. O eso piensa el Ejecutivo.

El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros la Ley de Vivienda. Estas son los cambios que introduce la nueva norma.

Cinco de los seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones que, este jueves, rechazaron suscribir un informe crítico con el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda han firmado un voto particular en el que califican de “coherente y coordinada” la regulación de los “los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda” que propone el Gobierno y acusan a la mayoría del pleno de extralimitarse en su función con “consideraciones políticas o económicas que no le corresponden”. El texto lo suscriben los vocales

El Govern ha conseguido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Baleares para continuar con el proceso de expropiación de pisos vacíos a bancos y fondos buitres de Balears. Los magistrados han dictado una sentencia en la que rechazan todos y cada uno de los argumento de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears, que presentó un recurso contra el decreto que desarrolla la Ley de Vivienda.

La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "liderar la reacción antidemocrática" al Gobierno de coalición con su propuesta de dictamen crítico a la futura Ley de Vivienda.

Lo que mal empieza, mal acaba y la ley de vivienda, que empezó condicionando los Presupuestos Generales del Estado, ha terminado sin el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, la ley no podrá aprobarse en Consejo de Ministros esta semana, tal y como había anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta del vocal, Álvaro Cuesta, fue rechazada y el pleno extraordinario avaló las enmiendas del consejero a propuesta del PNV, Enrique Lucas, que censuran el intervencionismo del Estado en materia de vivienda.

Una nueva propuesta se volverá a votar el próximo 27 de enero. La decisión retrasa aún más la aprobación en el Consejo de Ministros de la norma que permite poner tope a ciertos alquileres.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, han acordado rechazarlo y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero

El rechazo de los socialistas y las derechas impide el inicio de la tramitación de la norma elaborada por la PAH, el Sindicato de Inquilinas, CCOO y UGT, y que contaba con más de 120 adhesiones de entidades sociales. El grupo confederal confía en la negociación del anteproyecto del Gobierno

La vivienda en Lisboa es un 62% más cara que en Madrid. Y tras Lisboa, la segunda ciudad más cara de Portugal es Oporto, con apenas la mitad de los habitantes que la capital (215.000) pero con unos precios que superan los 3.560 €/m2 y que aún superan los de Madrid, al igual que sucede también en la ciudad de Funchal, en la Isla de Madeira (3.500 euros).

Ibiza, Andrach, Donostia y Zarauz. Estos son los municipios son los más caros en las zonas costeras de España. Así, en estos sitios los precios llegan a superar los 6.000 euros por metro cuadrado, tal y como revelan los datos publicados este martes 1 de agosto por el portal inmobiliario Fotocasa. Eso sí, estas cantidades no se replican en todas las zonas costeras españolas. En localidades como Marín, Pontevedra o Burela los precios de la vivienda se ubican, incluso, por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado, siendo así las más baratas en

Unidas Podemos ha solicitado al Gobierno de España que declare el estado de alarma para solucionar la "sangría" que, según critica la formación, vive la isla por el problema de la vivienda. Así lo ha anunciado en un comunicado, donde ha afirmado que ha presentado dos escritos para pedir la intervención del Gobierno central y aplicar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

El mismo piso en la capital cuesta hoy 80.000 euros más que antes de la crisis sanitaria, y en el mercado del alquiler, experimenta el segundo mayor incremento. La tendencia de los precios alcistas en Málaga comenzó antes de la irrupción de la crisis sanitaria, pero si se acota el periodo entre el verano de 2019 y el actual, se observa un crecimiento del 49% en el precio de la compraventa de este tipo de inmuebles en la capital.

Es el resultado de la colaboración público-privada que tanto gusta a los gobiernos central y autonómicos. Dinero y suelo publico para que fondos buitre abusen de las inquilinas.

El experto señala la falta de regulación y conocimiento como factores clave en la crisis habitacional actual, y aboga por la necesidad de pactos políticos a largo plazo para enfrentar el problema.

Romana, camarera y actriz, paga 799 euros de alquiler al mes en Madrid por un piso de 20 metros cuadrados. "Vivo en la peseta", lamenta en directo desde el plató de laSexta Xplica. Así, cuenta que se ve obligada a dejar el piso al romper la relación con su pareja. "Sola no puedo pagar ese piso", añade. La joven asegura que las declaraciones del resto de jóvenes son una prueba de que "el futuro está súper negro".

Conscientes de que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de sus ciudadanos, por encima de otros problemas cotidianos, como los sueldos o el tráfico, las autoridades del Principado han decidido lanzar un ambicioso paquete de medidas que atajarán de una tacada algunos de los grandes desafíos inmobiliarios de la región: la escasez de pisos con alquileres asequibles, la proliferación de apartamentos turísticos y los efectos que la inversión extranjera tiene en su mercado residencial.

Los apartamentos turísticos se han triplicado en la Comunitat Valenciana en la última década. Los datos del Gobierno valenciano indican que en julio de este año había 105.111 viviendas registradas, frente a las 38.319 que había en 2015, una cifra que no tiene en cuenta los apartamentos irregulares, que podrían duplicarla. Solo en los seis primeros meses de 2024 se han registrado más de 6.000 apartamentos turísticos en el territorio.

La ley sobre agentes extranjeros en Georgia entró en vigor el 1 de agosto, exigiendo que organizaciones sin ánimo de lucro y medios financiados en más del 20% desde el extranjero se registren. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de 25,000 GEL [aprox. 8500 €]. La ley ha provocado protestas masivas y condenas de EEUU y la UE, que advierten sobre la restricción de libertades democráticas. EEUU ha impuesto sanciones y suspendido 95 millones de dólares en ayuda, mientras que la UE ha congelado el proceso de integración de Georgia.

La fortaleza de la demanda y la escasez de producto (con especial impacto en la obra nueva) seguirán marcando el rumbo del mercado residencial español, que en los últimos meses ha dado muestras de su vigor y resiliencia. Esa coyuntura de mayor demanda y reducida oferta se traducirá en un aumento de precios del 5% en 2024 y del 4,7% en 2025. Descontando el impacto de la inflación, el incremento sería del 0,7% y del 1,6%, respectivamente, según las previsiones recogidas en el Observatorio Inmobiliario de BBVA Research.

El Gobierno de Javier Milei entrega la política de vivienda a los empresarios que lideran el lobby inmobiliario. El Gobierno nacional anunció a bombo y platillo una línea de créditos hipotecarios atados a la inflación. Una estafa a la que por suerte pocos pueden acceder. Nada sorprende de un Gobierno que se asume admirador de las políticas de Margaret Thatcher, quien desarmó (remató) todo el sistema público de vivienda de Inglaterra. El encargado de llevar adelante la política de privatización y mercantilización de la vivienda fue Mark Boleat.