A instancia de Fiscalía se embargan 14'3 millones

Dos sentencias del Tribunal Supremo no dejan lugar a dudas. Señalan que la Agencia Tributaria, “dentro de las actuaciones de comprobación”, puede verificar operaciones que integren el hecho imponible “aun cuando tengan su origen en ejercicios fiscales ya prescritos”. O lo que es lo mismo, Hacienda puede investigar a los contribuyentes de forma indefinida y no solamente durante los 5 años en que prescribe el delito fiscal con carácter general (el agravado puede extenderse a 10 años cuando se trate de delitos de especial transcendencia).

ñaki Urdangarin ha propuesto que el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los exjefes de la Casa del Rey Fernando Almansa y Alberto Aza declaren como testigos en el juicio del caso Nóos

Rodrigo Rato, ex ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, sigue sin entender por qué desde su propio partido le están exponiendo a un linchamiento mediático que no se ha producido con otras personas que también se han acogido a la amnistía fiscal del Gobierno y están siendo investigadas por el Sepblanc. Sin embargo, considera que solamente podrán acusarle de delito fiscal.

La propuesta fiscal de Podemos reduce a 50.000 euros el delito fiscal, incrementa al 35% el Impuesto de Sociedades cuando los beneficios superen el millón de euros, avanza en la progresividad del IRPF achicando los tramos residuales y, para sorpresa de propios y extraños, suprime el tramo intermedio del IVA y eleva un punto el mínimo (del 4 al 5%) y el máximo (del 21 al 22%). Los expertos del Círculo Económico han colocado esta y alguna otra trampa menor para que Pablo Iglesias y sus compañeros de la dirección estatal la subsanen en el debate

Ambos empresarios, que compartirán banquillo con su presunta testaferro, Encarnación Solana Contreras, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal solicita para la mujer imputada, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Ante la móción del PSOE para que el Gobierno publique los datos de todos los 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal, UPyD ha registrado una enmienda, en la que no cuestiona el texto del PSOE pero sí añade un nuevo punto para dejar claro que, si el Gobierno no va a publicar los datos de esos 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal, al menos se hagan públicos los nombres de aquellas 705 personas cuyos expedientes remitió la Agencia Tributaria SEPBLAC. A su juicio, "los ciudadanos tienen un derecho de información general", si han de elegir.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ironizó este miércoles sobre la comparación entre Cáritas y PP que recientemente realizó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, tachándola de "original, como es el ministro del ramo".

Los acusados en la causa, que investiga un fraude de más de 4,4 millones de euros por facturas falsas de trabajos no realizados en el parque en el año 2000, dicen que hay falsedad documental. Tras diez años de investigaciones, hoy ha sido el primer día de juicio.

El secretario general de GESTHA cree que el argumentario difundido por un asesor de Montoro ha tergiversado el verdadero contenido del informe pericial y supone la prueba de que hay filtraciones en la Agencia Tributaria

Ignacio Ruiz-Jarabo contradice el criterio de Hacienda y sostiene que se incumplen los requisitos para que las donaciones ilegales al PP estuvieran exentas de tributación. Menciona tres requisitos para que estas dádivas sean legales y no tengan por qué incluirse en el Impuesto de Sociedades: 1.que la donación de las empresas sea acordada por su órgano corporativo 2.que el partido político ingrese la donación en una cuenta exclusiva para donaciones 3. las empresas donantes no tengan ningún contrato en vigor con ninguna administración pública

El expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo a un año y medio de prisión como autor de tres delitos contra la hacienda pública referidos al IVA impagado por su empresa familiar, Enastur, en los ejercicios impositivos de 2009, 2010 y 2011. Junto a él condena a sus dos hijos Pablo y Miguel García-Vigón.

El exministro de Finanzas griego Gikas Jardúvelis admitió hoy haber sacado dinero del país en el intervalo entre las elecciones generales en mayo y junio de 2012 por "miedo" a que el país se fuera a la quiebra. La misiva añade que entre las elecciones de mayo y de junio de 2012 el exministro de Finanzas hizo 56 transferencias de cantidades de dinero entre 7.700 euros y de 9.800 euros cada una, todas por debajo del límite de 10.000 euros a partir del cual hay un control automático del Banco de Grecia.

. Rafael Español está dispuesto a aceptar fraude al fisco siempre que le condenen a menos de dos años de prisión por ello. La Seda de Barcelona se encuentra actualmente en liquidación.

El titular del juzgado número de 45 de Madrid ha abierto diligencias previas (133/2015) contra el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, tras la denuncia que presentó Manos Limpias en los juzgados de Plaza de Castilla por delitos societarios, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delito fiscal.

El juzgado número 45 de Madrid ha abierto este lunes una investigación a Juan Carlos Monedero por supuesto delito fiscal, en relación con sus trabajos realizados para el Gobierno de Venezuela por los que cobró 425.150 euros.

El PSOE intentará este miércoles que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explique ante el Pleno del Congreso qué va a hacer la Agencia Tributaria con los delitos fiscales que ha detectado en las obras realizadas en la sede nacional del PP de la madrileña calle Génova.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha indicado este viernes que el secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha "reconocido un delito fiscal" y que el líder de su partido, Pablo Iglesias, habría estado "encubriendo y defendiendo" a una persona que "tiene que afrontar sus responsabilidades penales por la utilización de sociedades pantalla al puro estilo de los defraudadores más conspicuos de este país".

Hernando ha subrayado que, al contrario de lo que "sucedía en el pasado", el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no ha puesto ninguna dificultad" a la investigación y que la "Administración de Hacienda colabora con la Justicia" e insiste en que la caja B "es de Bárcenas y su administración corresponde a ese señor".

Los expertos consideran que su empresa no puede compararse con una sociedad pantalla, creada para eludir el pago de impuestos. Sólo si se demuestra que los trabajos fueron cobrados a título personal y en un único ejercicio podría haberse incurrido en delito.

Los conservadores rechazan una enmienda del PSOE para fijar en 50.000 euros la cuantía del fraude para que se considere delito y no falta. Los jueces decanos recomendaron hace un mes rebajar la cifra a partir de la que existe un delito fiscal.

El Mundo adelanta hoy que el juez José Castro ratificará esta semana, salvo sorpresas, la apertura de juicio oral a la Infanta por los dos delitos fiscales que avaló la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma el pasado 7 de noviembre en una resolución adoptada por unanimidad en la que se subrayaba que "existen sobrados indicios para imputarla". Destaca la noticia que ratificará la imputación al considerar que no es aplicable la ‘doctrina Botín’

La Audiencia Provincial de Castellón ha decretado el ingreso en prisión de Carlos Fabra. Sin embargo, el expresidente de la Diputación de Castellón aún puede presentar un recurso de súplica que evite su entrada en prisión, a pesar de que el Consejo de Ministros le ha denegado su petición de indulto.

La justicia interfiere de nuevo en la campaña electoral: citando a la Fiscal Superior de Madrid a dos días de las Europeas Ados días de las cruciales elecciones europeas, la campaña electoral en España se ve nuevamente sacudida por una intervención judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en una causa por revelación de secretos que involucra al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones. El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid