Los hechos probados certifican que la denunciante era inquilina de un apartamento desde el mes de octubre de 2021, cuya casera era la mujer condenada. Pero fue desde marzo de 2023, tras recibir una carta certificada de la Agencia Tributaria en la que se le requería el pago directo a la misma por una deuda de la propietaria, cuando cambió la situación.

Diversas organizaciones exigen acabar con la ley que les prohíbe afiliarse a sindicatos interprofesionales y de clase porque no están formados exclusivamente por policías. En ARP sostienen que más del 90% de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional ya están vinculadas a la extrema derecha. "Hay que cambiar esto con la presencia de los sindicatos de clase para que haya neutralidad y una responsabilidad sindical. Hay una necesidad imperiosa de reformar esto por el bien del país, de los contribuyentes.

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha manifestado en su informe final del juicio contra la cúpula de UGT-A que el sindicato usó de modo «genérico» su «mecanismo de facturas falsas» hasta convertirlo en una herramienta «transversal».Soto dice que hay «indicios sobrados» de que implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza y critica que una organización destinada a «defender y ayudar a trabajadores y desfavorecidos actuasen de esta manera y costeasen incluso «fiestas» con cargo a fondos públicos

Mari Carmen lleva viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio madrileño de Ibiza, durante casi 70 años. Este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle al no poder asumir la subida del alquiler que reclaman los propietarios del edificio.

En Baleares y Madrid hay que destinar más del 60 %. Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de sueldo bruto que es necesario para el pago de una vivienda media de 80 metros cuadrados en alquiler se registró en Baleares (63 %) y Madrid (62 %), siendo las únicas por encima del 60 %. A continuación se situaron Cataluña (58 %); País Vasco (54 %); Canarias (51 %); Comunidad Valenciana (44 %); Cantabria (42 %); Navarra (40 %); Andalucía (36 %); Aragón (35 %); Castilla y León (34 %); Galicia (33 %); Asturias (32 %)...

El País Vasco concentró en 2023 el 46% del total de huelgas convocadas en España. Un dato especialmente llamativo si tenemos en cuenta que la Comunidad Autónoma Vasca representa sólo el 5% del total de la población española.

La Sareb, conocido como el banco malo y participado mayoritariamente por el Estado, cuanta aún con miles de viviendas en propiedad procedentes del rescate bancario. El objetivo de la entidad es dar salida a estos activos antes de 2027, pero en su interior aún residen familias que aseguran que se encuentran en peligro ante el deplorable estado de algunos de los pisos. Hacinamiento, condiciones de insalubridad, cortes de suministros e incertidumbre. El contacto es casi imposible y cuando se consigue está plagado de hostigamientos y amenazas.

Con un seguimiento que supera el 65%, la primera jornada de huelga del profesorado madrileño transcurre entre piquetes y marchas por todos los puntos de la Comunidad de Madrid para exigir que se reviertan los recortes que permanecen desde la época Aguirre.

Más allá del enorme fraude fiscal, quienes tienen las rentas y patrimonios más altos suelen elegir dónde pagar sus impuestos. Algo que es impensable para las rentas del trabajo. Pero lo realmente preocupante es lo poco que tributan las y los más ricos en Navarra.

Las cuotas de afiliación sustentan mayoritariamente a los sindicatos, situación que difiere de la europea, donde las aportaciones de los estados suelen ser mayores. En 2023, los sindicatos recibieron 17 millones de euros como aportación estatal que se repartieron en función de su representatividad, medido por el número de delegados sindicales, beneficiando principalmente a CCOO (5,28 millones) y UGT (4,7 millones), seguidos muy de lejos por USO (611.000 euros), CSIF (570.000), ELA (480.000) o CGT (308.000).

Las dramáticas imágenes que pudieron verse en los medios de comunicación tras el 2 de mayo debieron ser argumento suficiente para que tanto desde el Gobierno ucraniano como de sus aliados se produjera un cambio. Sin embargo, al igual que en Maidan, la muerte se convirtió en argumento de escalada, no de necesidad de impedirla. En ese sentido, si la centuria celestial fue el detonante último del golpe de estado, las 50 muertes en la Casa de los Sindicatos de Odessa fueron solo el preludio de la guerra.

Cayó al patio de luces del edificio. Fue rescatado por los bomberos e ingresado en un hospital.

Con la vivienda como uno de los principales problemas de la capital, los inquilinos del Plan Vive madrileño pagan una renta por encima de la media de la zona y deben abonar el IBI, algo que el Supremo declaró ilegal en Aragón en 2023.

Ha sido una acción corta e inesperada: alrededor de cien sindicalistas de CGT Catalunya han entrado al edificio de Fomento de Trabajo Nacional, la histórica patronal catalana ubicada en la Vía Laietana, y lo han ocupado por 30 minutos. Han desplegado las banderas roja y negra y la de Palestina. Han denunciado la pérdida del poder adquisitivo. “Estamos hartas de dejarnos la piel en el trabajo, de trabajar 40 horas semanales para no poder llegar a final de mes ni podernos pagar un alquiler digno”

La madre de Mari es una de las que ha recibido el aviso de desahucio, pese a que cuando ha acudido al juzgado le han comunicado que no atendiese la petición del escrito. Así, las denuncias presentadas por el policía local multado junto a su abogado por impagos de los contratos ilegales que él mismo ofrecía, están prosperando y se han cobrado ya su primera víctima...

Un juzgado de Madrid ha decidido abrir una investigación secreta en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su actividad profesional denunciada por el pseudosindicato Manos Limpias. Según ha informado el Tribunal Superior de Madrid, el juzgado 41 de la capital ha admitido a trámite una denuncia de Miguel Bernad, recientemente absuelto de la acusación de instrumentalizar causas judiciales para extorsionar a bancos y a empresas, contra Gómez por su trabajo en el IE Africa Center por supuestos delitos de tráfico de influencias.