Hasta el momento, el órgano regulador de la Competencia carecía de poderes reales con los que castigar a las grandes compañías. Éstas tan sólo se exponían al daño reputacional que podía entrañar una simple nota de prensa. Las cifras de las multas eran irrisorias comparadas con sus cuentas de resultados. Sin embargo, tres sentencias consecutivas del Supremo dan un vuelco sorprendente a esta situación.
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