La Sala de lo Contencioso Administrativo cree que las medidas, que incluyen también la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales, son equilibradas y cumplen el juicio de proporcionalidad. Las restricciones, que deben ser avaladas por el tribunal al limitar derechos fundamentales, se unen a las decretadas por el Consell y que entraron en vigor el pasado jueves.
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