La justicia española afronta una crisis sin precedentes por el bloqueo de los dos grandes partidos -PSOE y PP- a la renovación en su totalidad del Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de gobierno de la Magistratura lleva camino de cumplir cuatro años -lo hará en diciembre- en situación de interinidad. Una anomalía desconocida en sus 42 años de funcionamiento y a la que ahora se añade la fractura en el propio Consejo al tener que nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional por voluntad del Gobierno.
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