Tras la tormenta, al final ha reinado la calma. Tras la polémica inicial que provocó el Gobierno al proponer una ley que limitaba enormemente la actividad de la financiación colectiva en los ámbitos empresariales (equity crowdfunding) en nuestro país, al final el Ejecutivo ha optado por hacer caso a inversores y plataformas para ampliar esos límites.
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