La huelga estuvo terminantemente prohibida en España durante todo el siglo XIX, estando considerada como delito hasta el año 1909. En los primeros decenios del siglo XIX comenzó a plantearse la necesidad de que el Estado interviniera en los conflictos laborales y no sólo empleando el uso de la fuerza para zanjarlos o empleando la ley para perseguir a los huelguistas. Este cambio se produce en un contexto general occidental donde el principio de no injerencia estatal del liberalismo clásico comenzaba a dejar paso a una tendencia...
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