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Así lo han determinado los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid tras casi un mes de estudio de su caso y un cruce de peticiones de instrucciones sobre un asunto pionero al Ministerio de Igualdad, que en un principio se lavó las manos y más tarde se pronunció en su contra. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha determinado que el aspirante incurrió en un fraude de ley; es decir, que utilizó una norma de manera torticera para conseguir un fin.
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