El partido verde pide que se agilice la aprobación de la directiva comunitaria y se dé luz verde a la normativa española que está “empantanada” en el Congreso. España es “el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción ni mediante una ley propia,ni en el articulado de otras normas. Incluso la Fiscalía ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar la ley para reforzar la protección de los denunciantes de corrupción.
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