La Residencia Ballesol Alcalá tenía 192 residentes en abril de 2020, uno de los meses más duros de la crisis sanitaria del covid-19. De ellos, fallecieron 89, casi la mitad. En concreto, el 46%. En Sanitas La Moraleja vivían por su parte 81 ancianos, pero en las mismas fechas fallecieron 31. En este caso, el 38%. En Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen, en Colmenar Viejo, murieron 30 residentes de los 51 que había en lo peor de la pandemia. Fueron el 58,8%.

"En Quebec, los criterios para las restricciones estaban ligados al avance de la COVID en los mayores, no a si tenían enfermedades crónicas o discapacidad cognitiva. Se derivaban según la gravedad del coronavirus; mientras más alta, había más posibilidades de internación. Desde el punto de vista médico, no se explica el uso de los criterios para el protocolo madrileño. Lo que sucedió no tiene que ver con el virus, sino con las decisiones políticas”, afirma Béland en un perfecto español.

Esas son las palabras que nunca podrán borrar, por más que las maquillen con excusas. No fue un simple error, ni una casualidad. Fue un cálculo frío, una decisión deliberada, que dejó a miles de nuestros mayores a su suerte, encerrados en residencias convertidas en trampas mortales. x.com/nenedenadie/status/1828396506795159578?t=2MmdERobU67TeEQpaiX3DA&

No fue ni tras la declaración del estado de alarma ni tras la publicación del Protocolo de la Vergüenza. Pasó mucho antes. Los traslados de los mayores enfermos de covid-19 desde las residencias a los hospitales en la Comunidad de Madrid empezaron a restringirse el 7 de marzo, cuando la ocupación de las camas ni siquiera llegaba al 10%. Las cuatro versiones de las instrucciones que oficialmente impidieron esas derivaciones tan sólo tuvieron por tanto una explicación: ratificar por escrito lo que ya se estaba haciendo. Dar, en definitiva, una especie de amparo a los geriatras que hacían efectiva la decisión de mantener en los geriátricos a los mayores infectados.

Está es la temperatura de una habitación en plena ola de calor sin aire acondicionado porque @IdiazAyuso @adavimu no consideran personas con derechos a los que viven en la Gran Residencia

Sr. Miranda de las Heras de AMAS y Ana Dávila responsables directos de que nuestros familiares coman platos que no saben ni qué son.

Se tiene que seguir por los abuelos. 7291 ancianos muertos.

La líder acusa a los promotores de retorcer el dolor, y apunta que citó un texto legal cuando dijo que una persona mayor “no se salvaba en ningún sitio” en la pandemia. “Llevamos 25 sentencias judiciales donde se nos da la razón”, ha dicho Ayuso durante una intervención en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. “Sería el colmo que me llevaran a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid la sentencia de otro tribunal, que es lo que hice ese día”, ha opinado.

Un reciente estudio realizado por sindicatos en Madrid revela que la falta de personal en estos centros colocó -y sigue colocando- a los usuarios y a sus respectivos cuidadores en una "situación crítica". El informe, realizado por Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, UGT Madrid, además de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) evidencia que, de las 55.308 plazas para dependientes en la región, sólo 6.430 son públicas y 13.693 de gestión privada con financiación pública; el restante, de ámbito privado.

El bulo sobre las residencias y Pablo Iglesias se sigue extendiendo. Qué mejor que la propia Ayuso para desmontarlo.

"Esta historia se tiene que contar, no puede quedarse ahí", asegura el director Juanjo Castro sobre una película sobrecogedora, donde todas las partes explican lo que sucedió, que se ha levantado sin presupuesto y que ahora quiere mover por festivales e intentar que se proyecte en salas.

Tras las 7.291 muertes de personas residentes que no fueron derivadas hacia los hospitales, la Fiscalía “no ha llamado a declarar a los culpables”. La tragedia en estos centros de mayores, sucedida por los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, permanece impune, denuncian las familias que, “encadenadas al sufrimiento” han acudido este martes ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.

Ayuso aseguró que las residencias estaban medicalizadas y nuestros mayores en buenas manos, en plena pandemia, pero mintió y 7,291 ancianos murieron abandonados a su suerte, porque total ‘se iban a morir igual’.

Los socialistas han cargado contra la decisión de cobrar 400.000 euros a las familias de los fallecidos