Me pareció a mí que, llegados a este punto, no se trata tanto de juzgar lo que se hizo en aquella época, ni de enfrentarse por la bobada de si se blanquea a o se ataca a Franco, sino de saber cómo funcionaba la cosa en la práctica, así que aproveché los muchos años de un familiar ajeno, que estuvo en la construcción hasta los noventa, para preguntarle por la mecánica del asunto.

Así que allá voy, con la primera en la frente. Al parecer, la cuestión fundamental que hay que entender es que, en aquellos años, el beneficio de la corrupción urbanística venía de hacer cosas, en vez de originarse en no hacerlas. Ahora, si no eres amigo de quien tienes que serlo, o no tienes la parcela donde conviene, o no dejas la mordida correspondiente a quein hay que dejarla, el ayuntamiento se niega a recalificar el terreno, y diversas autoridades se niegan a darte el permiso de obras, la licencia ambiental, o el visto bueno del colegio de arquitectos a un diseño,. unos materiales, o lo que sea. La corrupción actual consiste en retrasar, dilatar e impedir la edificación. O pagas, o no avanzas. O pagas a quien corresponde, o te vas de aquí a tomar por culo.

En el franquismo, sin embargo, los alcaldes hacían lo que alguien de arriba les mandaba. Y lo mismo toda la cadena trófica de la promoción y construcción. Alguien, en algún despacho, decidía que se iban a hacer dos mil viviendas en tales o cuales solares. Llamaba al arquitecto afín que le salía de los huevos, sin sacar a concurso el proyecto, llamaba al alcalde correspondiente y le contaba lo que se iba a hacer y dónde se iba a hacer, y este, si quería, ya podía trapichear con esa información sobre los terrenos, comprarlos a peseta para venderlos a cien duros, o cualquiera de las porquerías que todos conocemos. Pero había algo que estaba claro: en seis meses, un año, o quizás dos, se iban a empezar las obras, y en cinco, a lo sumo, iban a estar terminados los pisos. Y fuese buena idea, mala o regular, no había manera de paralizar esa promoción, ni de retrasarla más que unos meses, ni de meter el proyecto en un cajón. Al que metían en un cajón era al alcalde o al urbanista que quería poner trabas y no se andaba diligente poniendo agua, luz, alcantarillado y lo que fuese. Se hace esto, se hace aquí, y se hace ahora. Y no me discutas.

Justo después se representaba un simulacro de concurso público para elegir a la empresa constructora. Y a veces ni eso. Se le daba el proyecto a un amigote del régimen y este ya se ocupaba de hablar con el banco para que lo financiase o, si era pata negra, conseguía financiación pública. Por lo común, aunque hubo muchos casos en tantos años, lo pisos ya solían estar vendidos sobre plano, así que era cuestión de tirar millas y darle caña al asunto, con salarios bajos, sindicatos inexistentes, y un beneficio cojonudo, casi conocido de antemano.

La obra te la inspeccionaban cada poco, y dependiendo de quién tocase como inspector, el promotor podía hacer viviendas de mierda y embolsarse la diferencia o tenía que hacer un trabajo más o menos decente. De los dos millones y pico que se construyeron en cuarenta años, todos sabemos que había verdaderas cagadas que ya hubo que derribar hace muchos años y otras muchas que siguen ahí, en bastante buen estado, y cuestan ahora un verdadero riñón. Si el promotor tenía suerte, o engrasaba la suerte sobornando a alguien, construía catorce plantas cuando tenía licencia para nueve, y luego apoquinaba con gran placer la multa que le fuese impuesta, amén, llenándose los bolsillos a lo grande con la diferencia. Toda la corrupción, insisto, pasaba por hacer, hacer más y hacerlo más deprisa.

Acabadas las viviendas, se mudaban allí los nuevos propietarios, y listos. O los nuevos inquilinos, o lo que fuera. El promotor que tardaba más tiempo del debido en construir, él se lo perdía, porque hasta que no acababas en un sitio no podías empezar en el siguiente.

Todo era chapucero, rápido, a veces de calidad ínfima y construido a desmano, en cauces inundables o en lugares que deberían haberse protegido. Pero el caso es que para forrarse había que hacerlo y hacerlo enseguida, a lo bestia, a cascoporro, y el enemigo de todos era el que trataba de frenar las obras. Enemigo del jerifalte que había decidido dónde se hacía la promoción, del constructor, de los arquitectos, de los propietarios que esperaban la casa y hasta de los bancos, que ni soñaban con embargar una de esas promociones si algo salía mal.

Todo era arrea y tira para adelante. Y así salió lo que salió. Lo bueno y lo malo, como sucede con este tipo de incentivos. Cuando el incentivo es para paralizar, los terrenos y las obras salen con cuentagotas.

Cada cual tendrá su opinión sobre si es mejor hacer pocas casas pero bien, o ponerse a construir a lo bestia, de cualquier manera. En España conocemos de sobra los dos modelos.

Hace unos días el juez Santiago Vidal confesaba que un tercio de los jueces españoles pertenecen al Opus Dei www.publico.es/espana/juez-santiago-vidal-tercio-del.html Otros estudios han certificado que, a nivel asociativo, los jueces españoles optan de forma claramente mayoritaria por afiliarse a la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia claramente conservadora dx.doi.org/10.18042/cepc/redc.105.05

Todo el que conoce el Opus Dei sabe que sus tres principales características son 1) una interpretación integrista del catolicismo; 2) una inspiración sectaria que le lleva a exigir una adhesión absoluta de sus miembros a su ideario, el cual abarca cada ámbito de la vida pública y privada del individuo hasta volverse asfixiante, y 3) un ansia insaciable de copar espacios de poder a través de sus miembros.

Recuerdo que un amigo mío que estudió en un colegio de la secta, me contó que, al acabar bachillerato, le preguntaron la carrera que estudiaría y en qué universidad lo haría. Cuando se lo dijo, le entregaron una lista de profesores que pertenecían al Opus, y le ordenaron presentarse a ellos el primer día de clase diciéndoles que venía avalado por la organización. La misma lógica se da en cualquier empresa, departamento, órgano administrativo o tribunal calificador de procesos selectivos donde hay gente del Opus. Si consiguen colar a uno en alguna parte, éste tiene la misión de colocar al mayor número de correligionarios hasta tomar el control del sitio y ponerlo al servicio de la secta. En un contexto como el judicial, donde el acceso a la carrera tiene sendas pruebas orales decisivas, se dan claramente las condiciones para que los jueces opusinos metan compañeros que perpetúen "la obra" dentro de los tribunales.

En España, con manifiesta hipocresía, los grandes partidos tienden a decirnos que los jueces son mecánicos aplicadores del Derecho cuyas preferencias personales quedan a un lado cuando se ponen la toga. Esta falacia fue refutada, hace ya dos siglos, por una corriente de la Filosofía del Derecho llamada "realismo jurídico norteamericano". Básicamente, esta corriente sostiene que, en gran medida, el Derecho es lo que a los jueces les da la gana que sea, pues su enorme poder para aplicar las leyes les habilita para imponer su voluntad sobre la del legislador ¿Y cómo? En esencia tienen dos vías para ello:

-Fijación de los hechos probados. Para aplicar la consecuencia jurídica de una ley, es necesario acreditar que se da su supuesto de hecho (matar, robar, defraudar impuestos...). Y ésa es una cuestión de prueba. Pues bien, un juez tiene la potestad de dar más credibilidad a un testigo que a 5, de interpretar forzadamente el texto de un documento para sostener que dice lo que no dice (a veces el sentido del documento es tan obvio que el juez no puede hacerlo, pero muchas de veces hay resquicios para ello), o de considerar que un hecho no ha quedado suficientemente probado cuando hay un 98% de certeza sobre su acaecimiento, mientras que en otro caso da otro hecho por probado cuando sólo hay un 45% de certeza. Por tanto, si un juez no quiere aplicar una ley en muchos casos solamente tiene que interpretar "creativamente" las pruebas para evitarlo. Si visitáis cualquier pasillo de salas de vistas de cualquier ciudad española, escucharéis a los abogados decir "me ha tocado con el del Juzgado nº7, tengo el pleito ganado" o "me ha tocado con el del nº5, es imposible ganar". Dependiendo de si el abogado defiende a trabajadores frente a empresarios, o a inmigrantes ilegales, o a menas...sus probabilidades de ganar o perder en cada uno de esos juzgados serán diametralmente opuestas.

-Interpretación de textos normativos vagos. Muchas veces las leyes usan expresiones como "mala fe", "abuso de confianza", "falta grave de respeto", "trato degradante" o "cláusula contractual abusiva". En estos casos, y dependiendo de sus intereses, el juez puede considerar que llamar "mala persona" a tu jefe por no pagarte es una falta grave de respeto y por tanto está justificado tu despido, o que recibir un escupitajo de un policía cuando estás detenido no alcanza la gravedad suficiente para considerarse un trato degradante. Esta libertad es decisiva para que la ideología o intereses clientelares de los jueces acaben provocando interpretaciones poco razonables del Derecho.

Os pongo dos ejemplos de casos sangrantes en los que el realismo jurídico norteamericano nos demuestra que acierta de pleno al afirmar el inmenso poder de los jueces:

-El Tribunal Supremo español, saltándose escandalosamente lo preceptuado en el artículo 6.3 del Código Civil, dice que los bancos no tienen el deber de devolver todo lo indebidamente pagado por los consumidores aen virtud las cláusulas suelo hipotecarias. Dicho artículo establece la nulidad ex tunc (es decir, desde el primer día) de los efectos producidos por cláusulas contractuales nulas. El Tribunal se saltó el Derecho de forma flagrante para beneficiar a los bancos. Luego vino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por fortuna, rechazó la sentencia española y amparó a los consumidores de nuestro país. Gracias a él los bancos tuvieron que devolver el dinero www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-tjue-avala-la-devolucion-integr Era un caso claro, cristalino, la norma hablaba por sí sola y la única interpretación razonable de la misma era la europea. Pero el Tribunal Supremo tenía otras motivaciones más importantes que la recta interpretación del Derecho.

-Dos chicos queman una foto de Felipe IV y son condenados a cárcel por delito de injurias al rey. Por aquel entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había dicho que mandar a la gente a prisión por injuriar al rey viola el derecho humano a la libertad de expresión. El Tribunal Constitucional español se sacó de la chistera ex novo (no se había planteado en fases procesales previas) que los chicos también podían haber incurrido en un delito de amenazas e incitación a la violencia contra Felipe IV y validó su condena. Finalmente fueron amparados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos www.elsaltodiario.com/libertad-expresion/tribunal-europeo-derechos-hum.

Vemos, por tanto, que la ideología de los jueces tiene un peso esencial en su aplicación del Derecho. Pero hay otro factor aún más relevante: las redes clientelares. Un juez del Opus, con casi total certeza, dictará sentencia de acuerdo con los intereses de su secta. Un juez que depende del PP o el PSOE para promocionar a vocal del CGPJ o magistrado del TS, o que ya ocupa uno de esos cargos y depende del partido para que se lo encadenen con otro (como magistrado del TC), muy probablemente dictará sentencia conforme a los intereses de sus mentores políticos.

En consecuencia, si queremos una justicia de calidad precisamos 1) que el pluralismo ideológico entre en la carrera judicial hasta volverla fiel reflejo de la sociedad, de modo que los colectivos beneficiados por la ideología conservadora, desde bancos a Iglesia, no gocen de más probabilidades de éxito en los tribunales, y 2) evitar que centros de poder como el Opus o los grandes partidos políticos tengan la potestad de colocar y promocionar jueces. Buenas ideas para lograrlo podrían ser:

-Generalización de las becas para que la gente de clase popular pueda estudiar la larga oposición de juez (media de 4 años para aprobarla) sin compaginarlo con trabajos que en la práctica impiden el estudio. Así contribuimos a evitar que los juzgados estén mayoritariamente ocupados por gente de clase alta que no sabe lo que es partirse el lomo en una obra o no llegar a fin de mes.

-Pruebas selectivas donde se garantice el anonimato del opositor. Por ejemplo, que los exámenes orales pasen a ser escritos y el tribunal no sepa los nombres de a quién está evaluando ni le vea la cara.

-Elección popular directa de los vocales del CGPJ que a su vez deciden quiénes ocupan las altas magistraturas, o en su defecto elección por los propios jueces, pero nunca por partidos políticos que podrán colocar a sus comisarios y mantenerles bajo su disciplina a cambio de promesas de nuevos cargos.

¿Qué más medidas se os ocurren?

Desde hace tiempo me estoy dando cuenta de la cantidad de expresiones de España que estamos adoptando nosotros, los latinoamericanos. Encuentro tres motivos principales: primero, influencia de los youtubers españoles. Segundo, para algunas palabras nos es difícil encontrar una forma más fácil y cómoda de decirlo. Tercero, como una auto-censura para no sonar tan mal, similar a usar expresiones en inglés o usar vesre.

"Flipar": No se nos ocurre una forma tan simple de decir que algo nos asombra o nos guste mucho. No digo que técnicamente no haya, y también quizás en algún país sí han encontrado una coloquial como esa.

"Molar": ídem. No hay nada más cómodo que decir "esa banda mola". El sustituto esa usar más de una palabra.

"Esta cancion va de...": ídem. Es más cómodo decir "ésta canción va de" que "esta canción trata sobre []".

"Regulero": ídem.

"Váter": acá se lo conoce normalmente como "inodoro", al parecer a veces es mejor decir "váter" porque suena elegante.

"Cheto": al menos en mi país, Argentina, "cheto" es alguien que presume ser más de lo que es, similar a "pijo", o directamente en referencia a los ricos no tan ricos. Ahora se está empezando a usar el significado dado por los españoles, es decir como algo o una acción diferente al resto (sea en el buen o mal sentido).

Hay varias más. A veces se dejan de usar. Otras pegan más profundo porque también las escucho en personas que conozco en vivo.

Tras la incorporación de @Eirene como nuevo administrador de Menéame, nuestra página está viviendo continuos debates sobre qué debería permitir y qué debería strikear. Algunos dicen que sólo ha de perseguir los insultos directos. Otros que debe castigar los comentarios incels, machistas, pollaheridas, voxemitas, xenófobos...Esto último tiene la dificultad de identificar a qué nos estamos refiriendo exactamente cuando usamos esos conceptos, y si se ciñen a frases estrictamente injuriosas como "todas las mujeres son unas putas" o a cualquier idea que choque con la idea de feminismo que defiende, por ejemplo, Podemos. Con el fin de iniciar un debate sobre la cuestión, quiero preguntaros si el siguiente poema podría publicarse en Menéame o consideráis que merece ser censurado:

“Cuentan que en España un rey

De apetitos inconstantes

Cuyo capricho era ley

Enviaba a sus amantes

A ser de un convento grey

Hoy los tiempos han cambiado

Y el amado timonel

En cuanto las ha dejado

No van a un convento cruel

Sino a un escaño elevado

La diputada Montero

Ex pareja del “Coleta”

Ya no está en el candelero

Por una inquieta bragueta

Va con Tania al gallinero”

El poema en cuestión fue publicado por un juez español en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Su mensaje era claro: partiendo de un rumor sobre la ruptura entre Pablo Iglesias e Irene Montero y la consiguiente pérdida de influencia política de ésta última que implicaría, afirmaba que Irene estaba donde estaba, simplemente, por ser la novia de Iglesias y haber recibido su enchufe. Irene Montero le demandó por violar su derecho al honor, y el Tribunal Supremo acabó absolviéndole con base en los siguientes argumentos:

-La libertad de expresión tiene límites mucho más amplios que la libertad de información. Mientras que la libertad de expresión ampara opiniones (que por naturaleza son subjetivas, diversas e incluso estrambóticas dentro de un Estado democrático), la libertad de información ampara la emisión de información veraz, que es la información que concuerda fielmente con la realidad o que, aún siendo inexacta, ha sido recabada por el periodista de un modo diligente, esto es, consultando a fuentes fiables y obrando con el rigor propio de un buen informador. Por tanto, la libertad de expresión implica la libertad de todo español para valorar los hechos sobre la base de sus creencias, incluso recurriendo a la demagogia, la exageración o la defensa de posiciones que resultan poco razonables para la mayoría.

-La libertad de expresión no ampara el insulto desnudo y desvinculado con la idea que se pretende defender. Tampoco ampara las amenazas o la incitación a la violencia contra personas o colectivos sociales, o el llamamiento a la negación de sus derechos básicos.

-La libertad de expresión es más amplia cuando se critica a personajes públicos en relación con asuntos de relevancia pública, pues tal libertad es un derecho subjetivo fundamental de toda persona, pero también uno de los pilares de todo sistema democrático. Gracias a ella podemos intercambiar puntos de vista sobre la competencia, los vicios, los defectos o la gestión de instituciones o agentes políticos, contribuyendo con ello a reforzar el control popular sobre sus actuaciones, disuadirles de incurrir en corrupción, mal gobierno o nepotismo (pues sus actos serán expuestos en la plaza pública) y, en definitiva, decidir libremente a quién votamos y cómo ejercemos nuestro derecho a la participación política, porque sin opinión e información no hay conocimiento, y sin conocimiento no hay decisiones libres.

Con base en todo lo anterior, el Tribunal Supremo absolvió al autor del poema, pues consideró elemental el derecho de todo ciudadano a cuestionar a sus representantes políticos y denunciar que, a su juicio, ocupasen sus cargos no por méritos propios sino por haber sido aupados debido a sus relaciones familiares o sentimentales a puestos de salida en las listas electorales. Sea contra Ana Botella, el novio de Ayuso, el hermano de la susodicha, el marido de Ada Colau o Irene Montero, es un derecho inalienable de toda persona denunciar el nepotismo si, a su entender, es la causa de que todos esos personajes hayan obtenido prebendas o beneficios de cualquier índole. Y el resto decidiremos si sus argumentos son razonables o absurdos. Pero nadie tiene derecho a privarnos de la posibilidad de escuchar y decidir.

Proyectando esto sobre Menéame, soy partidario de aplicar el criterio del Tribunal Supremo sobre la política de moderación de la web. Ni insultos ni expresiones que llamen a la violencia o la negación de derechos básicos de colectivos por razón de género, raza, orientación sexual, religión...Para todo lo demás, libertad de expresión y los usuarios decidiremos si compramos o no la idea. Me parece que no sólo es lo justo, sino también lo más práctico si queremos desactivar el discurso de la ultraderecha (el verdadero discurso de la ultraderecha, no cualquier idea que no coincida milimétricamente con lo que dice Podemos).

Y es que si un tío suelta una animalada y yo le censuro sin más, él podrá acudir a los que están mirando y decirles "¿Veis? Me censura porque digo la verdad". Si le dejo hablar y desmonto lo que dice con argumentos, demostraré ante los demás su calaña y lo repulsivo de su discurso. Siempre es mucho mejor convencer que vencer, y para convencer no hay que censurar sino persuadir. Y para persuadir en un debate, amordazar o insultar a quien tienes enfrente, por abyecto que pueda ser el individuo, es la peor estrategia.