La Comisión Europea sostiene que no es juez ni parte y no puede dirimir qué personas titulares de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas son ahorradores y cuáles inversores. Representantes de diez plataformas de afectados acudieron ayer a Bruselas en búsqueda de una solución y la respuesta fue: "ustedes deben defenderse en un juzgado". Una delegación de veinte personas, invitadas por el Bloque Nacionalista Galego, se reunió ayer en Bruselas con el director del departamento de Mercados Financieros y Mercado Interior, Emile Paulis, de quien no recibieron una respuesta satisfactoria. "La única manera de recuperar el dinero es una acción civil. La única persona que les puede ayudar es un juez", sentenció Paulis, quien también citó la opción del "arbitraje", aunque los afectados le explicaron que esta vía es limitada y no solucionará el problema de forma global, pues es la entidad la que acepta o no cada caso y temen que ahora que Bruselas anunciará la quita a las preferentes NCG Banco cerrará esta opción.
Caras largas y resoplidos en una estancia en la que también había representantes de la Comisión de Competencia, el departamento que precisamente va a determinar qué quita se impone a las emisiones comercializadas por las antiguas cajas en el plan recapitalización de Novagalicia Banco, que se hará público mañana. Ellos no dijeron ni una palabra.
"Hemos escrito al Banco de España, pedimos información sobre lo que están haciendo... pero ellos tampoco pueden ayudarles. Solo pueden imponer sanciones a la banca, pero su dinero quedaría en el banco, no sería para ustedes", espetó el director de Mercados. "No estoy culpando a nadie, sólo hablo claro; ustedes deben defenderse en un juzgado", concluyó.
Uno de los altos cargos presentes en el encuentro era Salvatore Gogni, que ha analizado profusamente el problema de las preferentes. Relató que "cómo se resuelve cada caso es algo que no compete a la UE, sino que corresponde a cada Estado miembro". Y, en línea con el director del departamento, fue rotundo: "No podemos verificar cada circunstancia específica, necesitamos un juez que diga si usted contrató un depósito o un producto financiero complejo".
Emile Paulis escuchó de boca de los propios afectados cómo se comercializaron estos productos, que "secuestraron" los ahorros de más de 43.000 gallegos en el caso de las preferentes. "Nadie en su sano juicio dona sus ahorros de por vida a una entidad bancaria. No sabemos de acciones, de mercados de valores, no somos inversores", explicó Xesús Domínguez, de la plataforma de Compostela. A la salida del encuentro, Domínguez explicó a FARO que "no esperaba mucho más". Para él la solución no está en Bruselas, sino en Madrid. Y no es el único.
El propio Paulis, subordinado del comisario Michel Barnier, aseguró a preguntas de Xulio Vicente (Baixo Miño) que "en España hay alguien que puede tomar una decisión que les devuelva el dinero, alguien, en alguna parte". Por lo demás, y por ahora, "tiene que tener una sentencia judicial".
El problema a ojos de la Comisión es cómo diferenciar entre ahorradores e inversores, opción que se antoja imposible a nivel europeo según su criterio. Más aún, considera que son los Estados miembros (España, en este caso) quienes debe legislar para blindar la protección de los consumidores y, en última instancia, "crear un sistema judicial eficiente".
El directivo comunitario defendió especialmente la vía civil ordinaria para recuperar el dinero. Pero generó cierto malestar entre los afectados al apuntar también la opción del arbitraje, pues "no es una vía que tengamos abierta, es el banco quien decide si se acoge al convenio", lamentó Susana Figueroa, de Redondela, a la salida del encuentro. Y la vía judicial es "más complicada" con las nuevas tasas aprobadas recientemente por el Ejecutivo central. El Real Decreto del 31 de agosto, que formalizó la consideración de los afectados como accionistas -a la hora de sufrir quitas- establece que para reclamar la quita la única vía es un recurso ante la Audiencia Nacional.
El viaje a Bruselas "no fue infructuoso", reconoció pese a todo la representante de Adicae, Iria Aguete. Pero no fue posible evitar que los representantes de los afectados, como José Manuel Vázquez (O Salnés), se quedaran "con mal cuerpo".
