Vecinos y sindicatos vuelven a la calle por la sanidad pública en pleno debate sobre la limitación a la gestión privada

El contexto político ha cambiado. Ya no hay campaña electoral en Madrid y tampoco huelgas en atención primaria o los servicios de urgencias, pero siguen faltando médicos y la saturación del servicio sigue repercutiendo en la atención al paciente. Pero sobre todo, hay un viejo debate sobre la mesa que presenta novedades y que vuelve a enfrentar a Mónica García y a Isabel Díaz Ayuso: un proyecto de ley sobre cómo limitar la participación del sector privado en la sanidad pública. Con todo esto de fondo, las asociaciones vecinales de Madrid vuelven a convocar a los madrileños este domingo a una manifestación en defensa de la sanidad pública.

Repetir las mareas blancas de manifestantes que se vieron en noviembre de 2022 en la calle, justo cuando comenzaron las huelgas en la sanidad madrileña, y se repitieron después, parece difícil. Fueron entre 200.000 y 700.000 personas en función de quién diera los datos. Pero profesionales médicos, asociaciones sindicales y sociales, personalidades de la cultura y políticos apoyan esta marcha convocada, como entonces, por la Federecación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que prevé que las cuatro columnas que parten desde Nuevos Ministerios, Hospital de la Princesa, Plaza de España y Atocha - y que confluirán en Cibeles- promueva una participación "multitudinaria" en defensa de la sanidad pública.

El auge de la sanidad privada puede dejar a la pública "al servicio de la población con ingresos más bajos"

Mónica García, ministra de Sanidad y antaño líder de las mareas blancas, asiste a la marcha este domingo. Lo hace convencida de que en Madrid las cosas son mejorables y que en gran parte es competencia del Gobierno regional hacerlo. Los convocantes denuncian que los centros de salud y hospitales siguen sin personal suficiente y que en la región los profesionales cuentan "con las peores condiciones salariales de España", además de criticar la "privatización" de la sanidad pública madrileña.

Gresca política por la sanidad

García llega a la marcha con un debate abierto sobre la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Saluduna, una propuesta para limitar la gestión privada en la sanidad pública e incluso facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir sus modelos de concertación. La respuesta de Ayuso ha sido que solo busca "reventar Madrid por envidia, sectarismo y política" y la oposición le responde acudiendo a esta manifestación.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, apunta que el modelo de Ayuso es un "fracaso", con "urgencias sin médicos" y un incremento de los "beneficios privados" frente al aumento de las listas de espera. Por eso ve necesario apoyar esta marcha y estar allí este domingo. No es muy distinto a lo que dice Juan Lobato, responsable de los socialistas madrileños, que también acudirá a apoyar la manifestación. Critica que Ayuso ha decidido que la sanidad madrileña vaya a peor: "Somos los últimos en inversión pública y esto tiene consecuencias", como "las listas de espera" o la "eliminación de los servicios de urgencias" en los municipios de la región.

Promesas pendientes

Ángela Hernández, del sindicato médico Amyts, lamenta que de todas las reivindicaciones que llevaron a los médicos a la huelga el año pasado solo se haya cumplido la relativa a los complementos retributivos. "Las agendas se siguen forzando, sigue habiendo un millón de madrileños sin médico y pediatra asignados, los médicos siguen haciéndose cargo de cuestiones burocráticas y seguimos sin campañas de información a la población" sobre la saturación del sistema, explica. La sobrecarga de las agendas se sintió con el pico de virus en invierno "y va a volver a ocurrir lo mismo en verano con las olas de calor y las vacaciones", añade: "Esto es gestión, no solo falta de médicos. Se puede redimensionar para absorber los picos de otra manera".

Reprocha al Ministerio de Sanidad que siga sin haber un registro de profesionales, una especie de mapa que permita conocer la ubicación de los médicos especializados para así poder planificar mejor, pero advierte que la mayor parte de la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid porque las competencias de gestión y de financiación son suyas.

Respuesta del sector privado

La propuesta de García también ha encontrado detractores más allá del PP. Con el debate sobre el modelo sanitario más encendido que nunca, desde la patronal de la sanidad privada arremeten contra las declaraciones de la ministra de este mismo lunes, cuando anunció que comienza el fin del "lucro de las empresas privadas con la sanidad pública".

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha tachado de "irreal" la intención de gestionar "de manera eficiente" un Sistema Nacional de Salud sin la colaboración del sector privado. La eliminación de conciertos llevará de forma "predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas", sostienen. Así, el sector vuelve a poner sobre la mesa "su papel determinante a lo largo de estos años como recurso estratégico y flexible y niega cualquier acusación extemporánea que se vierta contra su concurso".

Recuerda que la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Gestión Pública del SNS le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales, según los estudios, teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas. Además, dicen, la futura ley provocará una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional.

Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, las comunidades con más privatizaciones de la sanidad

Las más privatizadas

Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía son las comunidades que, como viene siendo habitual en los últimos años, más tiran de la sanidad privada, según el reciente informe presentado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que, en el extremo contrario, sitúa a Castilla- La Mancha, Extremadura y Navarra. "Existen muchas evidencias de que esta privatización se ha extendido en todo el Sistema Nacional de Salud, con una intensidad variable en las diferentes comunidades", advertía Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación que ha resaltado un dato ilustrativo: un 25% de los españoles tiene un seguro privado.

Que Madrid figure como la comunidad con más privatizaciones, según la FADSP, es algo que rechaza de plano la Consejería de Sanidad que ya ha dejado claro que considera que los indicadores utilizados "son muy heterogéneos y su interpretación es absolutamente arbitraria". El departamento que comanda Fátima Matute sostiene que la región mantiene su concertación al mismo nivel que en 2023. Un 12% de concertación frente al presupuesto regional que es superior a 10.000 millones de euros, una cifra de inversión pública en sanidad "sin precedentes", resalta la consejería.