Así vivieron los bomberos el caos de las residencias de Madrid en la pandemia: “Tienen cuatro cadáveres, algunos 80 horas fallecidos”

Hay gritos de desesperación que no se oyen porque están escritos. “¡Necesitan ayuda para discernir si tiene positivos!”, se lee, así, entre exclamaciones, en una de las actas de inspección de residencias de la Comunidad de Madrid firmadas por los bomberos durante lo peor de la pandemia y a cuya transcripción ha accedido EL PAÍS. Hasta 7.291 residentes murieron por cualquier causa en estos centros durante marzo y abril de 2020, cuando los hospitales regionales estaban colapsados y unos protocolos de triaje que el Gobierno sigue negando haber activado, contra todas las evidencias, dificultó su traslado e ingreso. En medio, el terror. Cadáveres que se acumulaban sin que nadie acudiera a por ellos, “algunos con 80 horas fallecidos”. Directores de residencias desbordados. Personal contagiado. Residentes que deambulaban sin control. Y, por cada centro bien gestionado (que los hubo, según las actas), una mayoría con problemas. El infierno en la tierra.

“Las actas de los bomberos arrojan luz a lo que Ayuso no quiere que sepamos, su abandono de los miles de personas mayores que vivían en las residencias en plena pandemia”, opina Lorena Morales, diputada del PSOE de Juan Lobato, que ha podido consultar las actas de las visitas de los bomberos en su condición de representante de los madrileños. “Sin material sanitario, sin personal, las residencias se convirtieron en trampas”, sigue en contraste con el Gobierno regional, que defiende que se hizo todo lo posible por salvar a los ancianos y que ahora solo se quiere retorcer el dolor que siguen provocando esos miles de muertes. “Aunque [Ayuso] nos ponga mil trabas para que accedamos a los documentos de aquellos días, vamos a seguir luchando por la verdad. Cada día que pasa a la sociedad madrileña le importan menos las cañas y más los muertos”, afirma Morales.

EL PAÍS también ha obtenido acceso a las actas de las inspecciones de los bomberos tras una solicitud amparada por la Ley de Transparencia pero, más de un mes después de recibir la notificación de esa resolución positiva, el departamento encargado sigue sin dar cita para consultarlos con el argumento de que necesitaba anonimizarlos.

Estas actas se suman a numerosos testimonios previos del caos y del desamparo que sufrieron las residencias madrileñas hace cuatro años, entre ellos las actas de la Policía Municipal de Madrid o el relato en la Asamblea de Madrid y en prensa de sanitarios, directores de residencias o empresarios. Los bomberos tuvieron que encargarse de recoger 157 cadáveres en las residencias a lo largo de 2020, primer año de la pandemia, según refleja la memoria de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de ese año.

Para ello, recibieron una formación exhaustiva sobre cómo tratar esos cuerpos invadidos por el virus: debían actuar “con el mayor respeto al fallecido”, introducirlo “en un doble sudario que garantice su manipulación de forma segura hasta introducirlo en el féretro”, y asegurar el ataúd con dos clavos y cinta americana, tras múltiples rociados de soluciones desinfectantes durante todos los trabajos, según detalla el procedimiento de actuación.

Nada, sin embargo, preparó a los bomberos para lo que presenciaron cuando visitaron los centros sanitarios entre el 1 de abril y el 21 de mayo de 2020. Aquellos eran los peores días de la pandemia. Las funerarias habían colapsado (“se ha avisado a la funeraria Santa Lucía, pero no les dan fecha de recogida del cadáver”, se detalla en un acta) y los bomberos empezaron a hacer su labor acudiendo allí donde el virus había golpeado más fuerte: las residencias, donde se concentraban las personas más débiles frente al ataque de la covid. Este es el relato de su experiencia a través de las actas que ellos mismos firmaron.

Nada más empezar, el 3 de abril, llegan a una residencia en la que se encuentran “siete fallecidos sin recoger más de 48 horas, no tienen espacio y les meten en la capilla. Tres de ellos varios días. El personal de refuerzo no tiene formación adecuada”. Es un escenario dantesco, pero no excepcional. Apenas dos días después, el 5 de abril, los bomberos escriben esto en otra acta: “Tienen cuatro cadáveres y algunos con 80 horas fallecidos”.

Pasa algo parecido en otro centro. “Tres fallecidos sin recoger, uno lleva en la residencia 72 horas sin que nadie lo recoja”, se resume la visita. “Los otros dos menos de 24 horas”, se precisa. Y se apunta: “No hay médico a día de hoy. No hay sectorización de enfermos. Necesitan más oxigenoterapia para tratar los posibles covid”.

Lo mismo ocurre en otra residencia: “Dos fallecidos pendientes de recogida por funeraria. Unos hace tres días y otro hace un día”.

Y en una más: “Hay un fallecido hace más de 36 horas pendiente de recoger. El centro no tiene tanatorio y se encuentra en una habitación sin refrigeración”.

Y en otra: “Cinco fallecidos pendientes de retirada, uno de ellos superadas las 36 horas desde el fallecimiento”.

La muerte ha entrado con el virus en las residencias. Los bomberos describen casos excepcionales de centros bien compartimentados, e incluso medicalizados. Pero son mayoría las actas que retratan una realidad terrorífica, en la que el personal está desbordado, faltan trabajadores que han causado baja por enfermedad, los residentes sanos y contagiados viven mezclados, o hay una alarmante falta de material de protección. Como han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras, la supuesta medicalización prometida por la Consejería de Sanidad madrileña no se produjo. Las residencias no eran un lugar adecuado para tratar a un enfermo de covid. De acuerdo con la estimación de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias, de haber sido hospitalizadas, se hubieran podido salvar 4.000 vidas.

“[El] personal NO está formado y NO aplica las medidas de protección”, recoge un acta, así, en mayúsculas para trasladar la desesperación de quien apunta en el caso de varias residencias. “Hay siete personas aisladas durante el día, pero a la hora de dormir se mezclan en habitaciones de dos”, describe el despropósito de la organización de la primera. “Hay posibilidad de compartimentar las habitaciones, pero no está realizado”.

“Persona que les atiende se siente agobiada por tener que informarles”, se resume lo ocurrido en una de las visitas. “Numeroso personal en los que observo que la gran mayoría no son conscientes de la responsabilidad de las tareas que realizan y, además, muchos de ellos llevan muy poco tiempo cubriendo las numerosas bajas existentes”, se añade.

Así, en otro centro, los bomberos subrayan: “Existencia de una falsa creencia de estar aplicando los criterios de PCI [protección y control de infecciones] correctamente por parte de la gerencia, lo que supone un riesgo añadido”. De otro, escriben: “Concienciación de uso adecuado y generalizado de EPIs. Se observa relajamiento en su aplicación. Hincapié en la necesidad estricta de diferenciación entre el circuito de limpio y de sucio”. Y de un tercero, se apunta: “Ligera dejadez del personal a la hora de equiparse correctamente”.

“¡Necesitan ayuda para discernir si tienen positivos!”

Mientras el virus pasa de anciano en anciano, el sistema parece colapsar entre llamadas de auxilio que no se atienden, cambios de organización que no funcionan, o no se aplican, y test que no ayudan a discernir dónde está el peligro. “Los residentes asintomáticos después de un test rápido y después de unos días confinados han vuelto a utilizar las zonas comunes y a la normalidad que establecieran a primeros de marzo”, fotografían los bomberos lo que se encuentran al visitar otra residencia. “¡Necesitan ayuda para discernir si tienen positivos!”.

De otro centro se hace un retrato terrorífico: “Una persona se mueve libremente, tiene discapacidad psíquica y es muy agresiva, pasando de zona sucia a limpia. Eso no es admisible y se le pide que la geriatra tome medidas legales para limitar los movimientos de esa persona”.

Al trasladarse a una residencia el 13 de abril, los profesionales detectan “falta de EPIs y material fungible básico: sueros, vías, falta de balas de oxígenos, necesidad de vestimenta. Mascarillas FPP2 no tienen y las están reutilizando”. Y alertan: “Trasiego continuo de una zona a otra sin descontaminarse”.

Otra acta recoge lo siguiente: “No tienen material, se lo han fabricado ellos mismos. No mascarillas adecuadas, solo algunas quirúrgicas. No enfermera”.

“Casi todo el personal presenta síntomas” de contagio, alertan en otro escrito. En una visita del 11 de abril, se describe a una directora desbordada, que “necesita ayuda para elaborar e instaurar las acciones preventivas y mitigadoras de la expansión del covid”. El juicio que se emite sobre otro director es mucho más duro: “La situación de la residencia es propicia para la implantación de los criterios de manera efectiva, pero la falta de predisposición del director hace imposible aplicar las medidas propuestas”.

Los bomberos pueden hacer todo ese trabajo habilitados por una resolución gubernamental del 26 de marzo de 2020. En ella se reconocía que se había “producido un extraordinario incremento en el número de fallecidos de la Comunidad de Madrid”, y que por ello se habilitaba “excepcional y temporalmente” a las fuerzas armadas, bomberos y policía al traslado de cadáveres. Los bomberos, sin embargo, hicieron mucho más que eso: dejaron constancia por escrito del caos reinante en las residencias durante lo peor de la pandemia.

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