Felipe VI, rey de España otorgó hace unos días el título de “real” a una esperpéntica entidad mallorquina que se hace llamar Acadèmi de Sa Lléngo Baléà (escrito de cualquier forma) y que propugna la segregación de una imaginaria «lengua balear» respecto al catalán, así como unas estrafalarias normas ortográficas que se inventan sobre la marcha. Se trata de un grupo vinculado a la extrema derecha, y que el único argumento de sus proclamas pseudolingüísticas es el odio contra la lengua catalana unido a un furibundo nacionalismo español. Tampoco tienen ningún interés en defender ninguna “lengua balear”, si no, simplemente, en forzar la desaparición del catalán en las Islas Baleares.
El hecho deja de ser un simple disparate cuando el jefe del Estado les concede legitimidad y cobertura institucional. En efecto, sería inimaginable que la Corona diera el tratamiento de “real” a una pseudoacademia que defendiera que en Latinoamérica no se habla español, sino argentino, chileno, boliviano, etc. El descalabro sería descomunal y habrían manos a la cabeza y desgarros de vestiduras. Poner en cuestión la unidad de la lengua española sería anatema; con la catalana no solo se atreve a hacerlo cualquier indocumentado, sino que la casa real da un tratamiento de deferencia a estos indocumentados. ¿Acaso el rey también lo es?
Por eso es importante el comunicado conjunto que han hecho el Institut de Estudis Catalans y la Universitat de les Illes Balears, contestando y poniendo en su lugar a la supuesta academia y el gesto absurdo e impresentable de la casa real. Ambas instituciones manifiestan su sorpresa y recuerdan que el catalán es, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la lengua oficial y propia de Baleares, lo que también recoge la ley de normalización lingüística. Y que, también de acuerdo con el Estatuto, la UIB es la institución oficial de referencia para todo lo que concierne a la lengua catalana en Baleares, y que el IEC es la institución que tiene la capacidad oficial para fijar la normativa y la gramática del catalán.
Así pues, lo que hace Felipe VI concediendo títulos a entidades ultras y anticientíficas es situarse fuera no solo de la ciencia, sino también de la ley. No es que nos sorprenda, viniendo de quien viene, ni que el título de “real” añada prestigio a quien lo ostenta. Más bien lo contrario. Ahora bien: la concesión real debe entenderse dentro de la ofensiva política de la derecha y la ultraderecha contra el catalán en Baleares y el País Valenciano. Como muy acertadamente indica el periodista Sebastià Alzamora en su artículo: El espíritu del 3 de octubre sigue impregnando el reinado de Felipe VI, un jefe de estado entregado a la derecha y extrema derecha española.
Doy por supuesto la no afiliación del Borbón a ningún partido político, pero el distintivo real otorgado es un grave error suyo o de sus asesores, que los tiene bien pagados y no le han asesorado debidamente. Ahora bien, en el caso de una afiliación del monarca, no me cabe duda que sería a una de las formaciones que figuran en el titulo del escrito.
Y se atreven denominar a España, democracia; si no dejamos de ser súbditos de los Borbones.
Mientras la Jefatura del Estado, el Jefe de los ejércitos, no sea electo directamente por los ciudadanos; no se puede definir a España como Estado de Derecho, ni como Democracia.
Así como David Fincher creó la habitación del pánico, Juan Carlos hizo lo propio con la del dinero, allí tenía su máquina de contar billetes que, según Corina, usaba toda la familia; Felipe, el príncipe que tuvo dos lunas de miel, también. Esa máquina es la quintaesencia de la ideología borbónica.