Las cooperativas llevan al Gobierno de Ayuso ante el TSJM por excluirlas del Plan VIVE

Las cooperativas están en pie de guerra contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que han llevado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) por considerar que les ha dejado fuera del Plan VIVE, la gran apuesta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para promover vivienda de alquiler asequible.

Formalmente, quien ha ido contra los pliegos del VIVE ha sido la federación madrileña. Primero, en julio, presentó un recurso, y dos meses después, una demanda en la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM. Pide impugnar el concurso y volver a empezar de cero.

"Hasta en tres ocasiones nos han excluido y al final hemos tenido que presentar una demanda ante el TSJM", explica Juan Casares, presidente la confederación de cooperativas Concovi y de la federación madrileña. El argumento que esgrime es que las reglas que rigen esta licitación exigen ser una sociedad anónima para poder adjudicarse las viviendas, lo que automáticamente deja fuera a las cooperativas.

El epicentro del problema está en la cláusula 4 del pliego de condiciones del VIVE, donde puede leerse: "En atención a la importancia de la concesión que se licita, el concesionario deberá ser una sociedad anónima de nacionalidad española y con domicilio social y fiscal, y sede en la Comunidad de Madrid, que tenga como objeto único la explotación de la concesión objeto del concurso".

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Desde la Comunidad de Madrid replican que "las cooperativas de viviendas no están excluidas, podrían haberse presentado a la licitación recurrida. Estas cooperativas, si resultan adjudicatarias, tienen que constituir una sociedad anónima, que sea titular de la concesión, igual que han hecho el resto de licitadores, dado que para ser adjudicatario es obligatorio cumplir con una serie de requisitos que vienen estipulados en el pliego de condiciones que rige la licitación".

El Plan VIVE suma ya tres fases. La primera se remonta tres años y se saldó con la adjudicación de 5.400 viviendas a los gigantes Culmia (propiedad del fondo Oaktree) y Are. "Entonces solo se dejó participar a sociedades anónimas, protestamos y nos dijeron que lo iban a cambiar", recuerda Casares. La sorpresa llegó cuando vieron que los pliegos de la segunda fase del VIVE volvían a excluirles de facto al exigir "constituir en el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al de notificación de la adjudicación definitiva a su favor de la concesión, una sociedad anónima para que asuma la condición de concesionaria"

Es decir, las cooperativas podían presentarse, como defienden ahora desde el Gobierno madrileño, pero si resultaban ganadoras, debían convertirse en SA, con lo que el problema continúa siendo el mismo. Finalmente, fue Culmia quien se adjudicó los 1.137 pisos de esta segunda licitación. La gota que colmó el vaso de las cooperativas fue comprobar cómo, en la tercera edición del VIVE, se repitió esta misma fórmula que obliga a constituirse en sociedad anónima para poder ser la concesionaria.

Desde el gobierno regional defienden su postura con el argumento de que "las cooperativas de vivienda tienen por objeto procurar a precio de coste, y exclusivamente a sus socios, viviendas y locales, lo que resulta incompatible con el decreto de asignación de viviendas del Plan VIVE, que determinan que los inmuebles se asignarán por el concesionario siguiendo un riguroso orden cronológico de inscripción de las solicitudes".

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"En Galicia, la Xunta acaba de adjudicar a una cooperativa, Galivivienda, 224 viviendas en Coruña", cita Casares como ejemplo de que estas entidades cumplen todos los requisitos necesarios para poder promover cientos de alquileres protegidos con los programas de colaboración público-privada que están lanzando las administraciones de toda España. "Lo que buscamos con esta demanda es que se entienda que las cooperativas, por ley, podemos estar", replica Casares.

Para el presidente de Concovi, este rechazo contrasta con el respaldo que la propia Comunidad de Madrid acaba de mostrarles en el punto 5 del Pacto por la Vivienda, donde "reconoce que Avalmadrid va a apoyar a cooperativas, y eso es porque las considera un proyecto social". Suma y sigue, porque la nueva Ley de Cooperativas de la región se ha aprobado por unanimidad, lo que desde Concovi se interpreta como claro ejemplo del apoyo generalizado a estas entidades y al papel social que juegan.

Dentro de esta norma están reconocidas las cooperativas integrales, que son bajo las cuales quieren poder presentarse al VIVE, ya que permiten que haya socios cooperativas promotores y consumidores. Estos últimos serían los beneficiarios de los alquileres siempre y cuando cumplieran los requisitos. En el momento en que dejaran de cumplirlos, venderían su posición en la cooperativa a otro interesado, siguiendo orden de lista, de manera que la totalidad de la cooperativa podría terminar rotando.

Se espera que el fallo del TSJM sea para finales de año y, si la balanza se inclinara en su contra, las cooperativas tendrían todavía la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.