Suiza cuestiona la investigación por terrorismo de García-Castellón en el ‘caso Tsunami’

Suiza cuestiona la causa por terrorismo que el juez Manuel García-Castellón instruye en España contra 12 personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC, Marta Rovira, prófugos de la justicia española. La imputación de ambos políticos independentistas en el caso Tsunami Democrátic, impulsada por el instructor cuatro años después de iniciada la investigación, impediría previsiblemente que Puigdemont y Rovira se beneficiasen de la ley de amnistía que se tramita desde hace tres meses en el Congreso.

La Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, ha suspendido la comisión rogatoria cursada el pasado noviembre por García-Castellón, en la que el juez pedía que el país helvético le facilitase la localización de Marta Rovira. Se niega también a informar sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones de protesta, algunas violentas, que organizó Tsunami Democràtic en 2019 tras la sentencia del procés. Y recuerda que en 2020 denegó una petición de asistencia similar cuando no vio indicios de terrorismo en los hechos descritos.

Suiza reprocha al instructor que solicite la misma información bancaria que pidió cuatro años antes por el mismo caso y que ya le fue denegada. La Oficina Federal de Justicia suspende el auxilio judicial solicitado por García-Castellón a la espera de que España le aclare algunos extremos de la causa sobre los que expresa numerosas dudas, según indican a EL PAÍS fuentes conocedoras de la respuesta suiza.

La Oficina Federal de Justicia afea al juez que solicite el paradero de la líder de ERC mediante asistencia judicial cuando esta medida puede llevarse a cabo “mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial”; y no entiende “qué finalidad se persigue con esa localización”. “Nos gustaría saber la relación exacta entre Marta Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados [El Prat y Barajas] que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria; en otras palabras, es importante destacar la implicación precisa de la señora Rovira en dichas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto”.

El juez García-Castellón no dice nada acerca de la implicación de la líder de ERC en las manifestaciones de los aeropuertos en la exposición razonada que ha enviado al Supremo para que este tribunal decida si asume la investigación contra Puigdemont y Rovira. El instructor solo señala como pruebas de la participación de Rovira en Tsunami Democràtic una reunión en Ginebra, cuyo contenido ignora, en la que supuestamente se habló de la creación del movimiento de protesta y se planificaron sus acciones. El magistrado apunta a Rovira porque “fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami”. El juez escribe: “Tan solo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic”. Otros supuestos mensajes de Rovira incorporados al sumario solo reflejan la satisfacción de la líder de ERC ante el éxito de las protestas masivas contra la sentencia del procés.

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que recurrió el auto del juez donde este señalaba a Rovira y Puigdemont, sostiene que no hay pruebas de que la reunión de Ginebra sirviera para planificar la acción de Tsunami y que todo es fruto de la mala interpretación del juez acerca de una información publicada en EL PAÍS.

La Oficina Federal de Justicia suiza considera que “no está clara la pertenencia” de Rovira a Tsunami Democràtic, y pregunta además por los efectos que tendría la futura ley de amnistía para los separatistas catalanes implicados en este caso.

Lo que sigue resume los planteamientos de la Oficina Federal de Justicia suiza en relación con esta causa en sus respuestas de 2020 y 2024 a las dos comisiones rogatorias cursadas desde la Audiencia Nacional:

“Delitos políticos” que “no han puesto en peligro la vida de las personas”

La negativa a facilitar, de momento, la información que requiere el juez García-Castellón se basa en la legislación suiza, que impide colaborar con otros países cuando se trata de causas abiertas por delitos “políticos”. La Oficina Federal de Justicia suiza quiere verificar si el caso Tsunami tiene “un carácter político”, lo que “impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal”. Así se lo dijo Suiza al juez hace cuatro años —cuando denegó por primera vez la comisión rogatoria, cursada entonces por el juez de refuerzo Alejandro Abascal— y a ese argumento se remite también ahora.

Aquel escrito de 2020 comenzaba describiendo así la causa: “Las acciones de las que se acusa a la plataforma Tsunami Democràtic se refieren a diversas manifestaciones de desobediencia civil contra el Gobierno central español que tuvieron lugar en Cataluña. Entre ellas se incluyen bloqueos de infraestructuras públicas y otras diversas perturbaciones y manifestaciones, contra la monarquía, por ejemplo. El proceso penal español también abarca diversos actos de propaganda a favor de la independencia de Cataluña, en particular a través de las redes sociales”. A continuación, la Oficina Federal suiza señalaba que, si lo que se investigaba en España era un delito de contenido político, eso impediría la colaboración judicial: “El delito político no da lugar a la cooperación suiza, en la medida en que se dirija exclusivamente contra la organización política y social del Estado requirente, o incluso en la medida en que forme parte de una lucha por el poder o contra el poder y esté estrechamente relacionado con el objeto de dicha lucha”.

Pero Suiza aclaraba en su respuesta que existía una excepción a esa regla “cuando el autor, para ejercer coacción o extorsión, ha puesto en peligro o amenazado con poner en peligro la vida y la integridad física de las personas (en particular, secuestrando una aeronave, utilizando medios masivos de exterminio, provocando una catástrofe o tomando rehenes)”. Esa condición, sin embargo, no se cumplía “en su estado actual”, según la valoración que hizo la Oficina Federal de Justicia. “La intensidad requerida para tener en cuenta la excepción antes mencionada no se da en las presentes circunstancias”, concluyó.

El escrito suizo cuestionaba en esa respuesta de 2020 que los hechos investigados en España fueran calificados de terrorismo: “Los actos descritos en la comisión rogatoria no corresponden a los elementos constitutivos, enumerados anteriormente, de una organización delictiva en el sentido del Derecho suizo. […] El terrorismo se define como un acto de violencia criminal destinado a intimidar a una población o a obligar a un Estado o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Una vez más, la utilización de la violencia criminal entre otros elementos, requisito de esta disposición suiza, no se desprende de la situación española”.

Información bancaria más allá de las protestas contra la sentencia del ‘procés’

Suiza cuestiona el plazo del que se pide información bancaria. “En cuanto a la proporcionalidad de la medida bancaria solicitada, nos gustaría saber, en primer lugar por qué se solicitan movimientos en la cuenta en cuestión hasta junio de 2020, en la medida en que los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019″.

Consecuencias de la ley de amnistía

La Oficina Federal suiza plantea una serie de preguntas al Ministerio de Justicia y al juez García-Castellón. Entre ellas, los efectos que pueda tener la futura ley de amnistía sobre los imputados en el caso Tsunami: “Nos enteramos por la prensa de que en España se estaba preparando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes. Sería conveniente, entre otras cuestiones, que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira”.