La justicia italiana censura la retórica xenófoba de la Liga de Salvini: llamar “clandestinos” a los inmigrantes será delito

La ultraderecha en Italia, con Matteo Salvini y su partido, la Liga, en cabeza, aunque también con la participación de la primera ministra Giorgia Meloni, se ha referido despectivamente a los migrantes y refugiados durante años, con términos como “clandestinos”. La lucha contra la inmigración ha sido su principal caballo de batalla y esa palabra ha sido una de las más repetidas en su propaganda electoral. A partir de ahora, en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado viernes, no podrán seguir utilizando este término despreciativo para referirse a los solicitantes de asilo y refugiados.

La máxima autoridad judicial italiana emitió una sentencia, en la que confirma la condena a la Liga por haber llamado “clandestinos” a los inmigrantes en unos carteles colocados en 2016 en una localidad del norte del país para protestar contra la llegada de un grupo de solicitantes de asilo a un centro de acogida. El fallo judicial zanja una larga batalla entre la Liga de Salvini, actualmente en el Gobierno, y la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (Asgi) y la Asociación Naga, que brindan asistencia legal a los inmigrantes. El fallo automáticamente se convierte en jurisprudencia y se integra en el ordenamiento jurídico del país, por lo que de ahora en adelante emplear este término en sentido peyorativo podrá tener consecuencias legales. Además, abre la puerta a futuras denuncias similares.

La izquierda ha celebrado esta decisión judicial y aunque la Liga ha guardado silencio, algunos de sus representantes han asegurado que no se dejarán condicionar por los jueces.

La batalla legal comenzó hace siete años y tiene su origen en una campaña de la Liga, que entonces controlaba el Ayuntamiento de Saronno, cerca de Milán, en la que denunciaba una “invasión” y clamaba que el municipio no quería “clandestinos”, en alusión a un grupo de solicitantes de asilo que iba a llegar a un centro de acogida gestionado por una asociación privada con fondos del Gobierno central.

Roberto Guaglianone se ocupa desde hace décadas de inmigración en Saronno, con la Asociación Attac, y explica a EL PAÍS que el ambiente cambió, se enrareció, en el pueblo cuando la Liga se hizo con la alcaldía en 2015. “Liquidaron los servicios que existían a favor de los migrantes e incluso cerraron la ventanilla del Ayuntamiento dedicada a los extranjeros residentes. Se retiró también a la localidad del sistema nacional de acogida a refugiados, en el que hasta entonces había estado”, señala. Y relata que desde el Consistorio se comenzó a boicotear toda iniciativa civil solidaria con los migrantes. “Habíamos encontrado un espacio para un centro de primera acogida para 32 adultos solicitantes de asilo en una antigua escuela, todo parecía estar dispuesto para la apertura, pero el nuevo alcalde declaró que el lugar no era habitable y tumbó el proyecto, con una campaña mediática hostil”, señala Guaglianone.

Su grupo detectó indicios delictivos en el lenguaje empleado en aquella campaña y denunciaron con la ayuda de las organizaciones Asgi y Naga. El juicio en primera instancia y en apelación terminó con la condena del partido ultraderechista, obligado a indemnizar a ambas asociaciones, y ahora ha llegado a término con el veredicto del Supremo. “Los extranjeros que entran en el territorio del Estado italiano porque corren el riesgo real, en caso de regresar a su país de origen, de sufrir daños graves, no pueden considerarse, en modo alguno, irregulares y, por tanto, no son clandestinos”, dicta el alto tribunal. Y subraya que referirse en esos términos a los inmigrantes representa una “discriminación por razones de origen étnico”, dirigida a “crear un clima intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

La formación ultraderechista se había acogido en su defensa al derecho de expresión, pero el Supremo señala que este derecho “no puede ser equivalente, ni mucho menos prevalecer, sobre el respeto a la dignidad de las personas”. El tribunal considera que “el incuestionable derecho a expresar la disconformidad en relación con una determinada gestión del fenómeno de los solicitantes de asilo podría haberse llevado a cabo correctamente, omitiendo aquellas consideraciones” que originaron “un clima de humillación y hostilidad” con respecto a los 32 ciudadanos extracomunitarios demandantes de asilo.

Uno de los abogados de Asgi que formuló denuncia, Livio Neri, explica en conversación con este diario la trascendencia del veredicto del Supremo: “Esta sentencia sienta un precedente importante: es la primera vez que la magistratura se pronuncia de forma tan clara en este asunto. Desde ahora, cualquiera que utilice este término contra los extranjeros sabe que podrá sentarse delante de un juez”, afirma. Y defiende que, aunque el fallo judicial haga referencia a un asunto de hace años, “dice mucho de la política actual” y de la “costumbre inaceptable de usar el término clandestino contra los inmigrantes”. “Con esta retórica se corre el riesgo de caer en la barbarie. Es una cuestión que afecta a toda la sociedad, se trata de evitar que una sociedad se caracterice por contribuir a generar un clima hostil, degradante y humillante. La normativa europea y el derecho nacional dicen que hay que defender al discriminado, hay que tutelar a las minorías y evitar un clima hostil”, apunta.

“Cualquiera en Italia que use este tipo de discurso puede ser castigado de ahora en adelante”, festeja Roberto Guaglianone y asegura que la red de asociaciones solidarias que asisten a los migrantes continuará vigilante: “Si alguno vuelve a las andadas, denunciaremos y seguiremos con las movilizaciones”, dice y señala que “son muchos ciudadanos los que se oponen a este tipo de comportamientos discriminatorios”.

“Es importante que los jueces hagan su trabajo, pero también es fundamental que la gente comprenda que los migrantes no son enemigos, sino personas con nuestros mismos derechos. A menudo son usados como chivos expiatorios para ocultar las verdaderas causas del empobrecimiento de la población. Los migrantes no nos quitan el trabajo, son los empleadores los que ofrecen cada vez peores condiciones; los migrantes no acaparan la sanidad pública, sino que la política está recortando en servicios sanitarios”, sostiene.

Celebración de la izquierda

Matteo Salvini ha guardado silencio ante el pronunciamiento del Supremo. Desde que está en el Gobierno ha moderado su discurso contra la inmigración y ha evitado hablar de esta cuestión que tanto ha exprimido, con un tono encendido, a lo largo de los años durante su etapa en la oposición y en sus campañas electorales. Pero algunos representantes de su partido sí se han rebelado contra la sentencia. Así, el senador de la Liga Manfredi Potenti ha descrito la decisión como “una nueva reacción de la magistratura contra cualquier intento de detener el flujo ininterrumpido de clandestinidad en nuestro país”. A lo que ha añadido ciertas dosis de victimismo: “Pobre de quien, como la Liga, quiere llamar las cosas por su nombre. No nos dejaremos condicionar”, ha zanjado.

Los partidos de izquierda, por su parte, han celebrado la condena a la Liga. Refundación Comunista ha hablado de una relevante decisión judicial, “con un altísimo valor político y cultural, que llega en un momento en que la criminalización de la inmigración es la figura predominante en el Parlamento” y ha pedido que la sentencia se difunda en las escuelas.

El líder del grupo de Alianza de los Verdes e Izquierda en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Filiberto Zaratti, ha pedido que ciertas expresiones ofensivas desaparezcan del lenguaje político. “Ahora la Liga deberá demostrar madurez, evolucionando desde una política de racismo arcaico”, ha dicho. A lo que ha agregado: “Llamar inmigrantes ilegales a las personas que buscan ayuda es una forma de violencia que debe prohibirse en la escena política de este país”.

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