Cerco al sindicalista que se vendió al patrón: represalias a los rebeldes y mordidas a cambio de empleos

El pasado 22 de diciembre cayó el Gordo de Navidad en un barrio obrero de A Coruña. Uno de los pocos agraciados que no tuvo reparos en exhibir ante el mundo entero su rostro de nuevo millonario fue Miguel Ángel Sánchez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL). Sonreía nervioso a los periodistas, excusándose por no enseñar el décimo premiado: “Estoy todavía asimilando la información. Es la primera vez que me toca algo que no sea pagar”. Lo que él no sabía entonces es que su teléfono estaba pinchado por la policía desde hacía meses. Ahora esas grabaciones han hecho saltar por los aires su imagen de líder sindical tocado por la fortuna, han destapado sus manejos contra los trabajadores y han metido en aprietos a las multinacionales FCC y PreZero.

La titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña acusa a Sánchez Fuentes de enriquecerse ilícitamente en los últimos cinco años aliándose con el patrón y engañando a aquellos a los que decía defender. Las pesquisas apuntan a que exigía mordidas a barrenderos y operarios de la basura por trabajar en las concesionarias de limpieza del Ayuntamiento y conspiraba con las empresas para mantener sumisos a sus compañeros. El Gordo nunca le tocó. La instructora sostiene que su actuación ante las cámaras fue solo una artimaña improvisada aquel mismo día para blanquear el torrente de dinero negro con el que regaba su elevado tren de vida. Se movió rápido. La idea le asaltó al enterarse de que el premio había caído en una administración a menos de 100 metros de la sede de su sindicato.

Sánchez Fuentes y otros cuatro colaboradores (entre los que se encuentra su pareja y dos dirigentes del sindicato) están acusados de varios delitos, incluidos blanqueo, estafa, tenencia ilícita de armas y corrupción entre particulares. La jueza también investiga por corrupción a dos de las empresas adjudicatarias del Ayuntamiento: FCC Medio Ambiente y PreZero España. FCC, con Carlos Slim como accionista mayoritario, forma parte junto a Ingeser Atlántica de la UTE A Coruña Limpieza que gestiona la limpieza viaria de la ciudad. PreZero, compañía del grupo alemán Schwarz que asumió el contrato a finales de 2021 tras comprar la antigua Cespa a Ferrovial, es la concesionaria de la recogida de basuras. Según la documentación del sumario, el supuesto cabecilla de la trama usaba el sindicato para ejercer un “control férreo” de los trabajadores, “defender los intereses de los directivos” de estas empresas y cobrarles los favores por diferentes vías.

Las adjudicatarias, en pago a sus maniobras según los investigadores, derivaron la contratación de personal a dos firmas vinculadas a Sánchez Fuentes: Inusvalia e Imprego, en apariencia especializadas en buscar empleo a personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social respectivamente. Bajo ese disfraz de economía social, estas sociedades, dirigidas por su pareja y otra de las imputadas, se convirtieron en las dos únicas puertas de entrada para conseguir un empleo en las concesionarias municipales de limpieza. Para franquearlas, los aspirantes debían pagar presuntamente una cuota mensual de unos 65 euros que iba a parar a las cuentas de los investigados. Solo por sus servicios a PreZero y la UTE A Coruña Limpieza, Inusvalia facturó más de 250.000 euros en seis meses de 2021, su primer año de actividad.

FCC ha declinado comentar el caso. PreZero, por su parte, señala que comenzó su actividad en A Coruña a finales de 2021, tras comprar Cespa. Asegura que desconocía “las presuntas irregularidades” cometidas por Imprego e Inusvalia y que actualmente “no tiene ninguna vinculación o relación de colaboración” con ellas. “Estamos en fase de estudio del expediente judicial y dispuestos por supuesto a colaborar con la investigación”, afirma un portavoz de la compañía.

Coches vandalizados y carteles difamatorios

El líder del STL decidía a quién se le daba un empleo en las adjudicatarias, a quién se promocionaba o qué contratos se convertían en indefinidos, sostiene la Fiscalía. “De los 46 que van a ir, van 37 para vosotros, o sea, el 80%”, le anuncia por teléfono un cargo de PreZero a uno de los compinches de Sánchez hablando de trabajadores que van a contratar. Y para librarse de un operario que considera conflictivo, el ejecutivo de la multinacional suelta: “Metedlo en FCC, coño”. Los pinchazos, que se desarrollaron entre septiembre de 2022 y el pasado febrero, han destapado otras maniobras conjuntas entre el sindicalista y las empresas para, por ejemplo, justificar falsamente ante los tribunales el despido de un operario rebelde que abandonó el sindicato. Inventaron contra él apercibimientos que nunca existieron. “Esto lo vamos a resolver bien, que está todo tapado por los encargados”, le dice el líder sindical al director de la zona norte de FCC Medio Ambiente. El engaño de Sánchez Fuentes a sus afiliados incluía cobrarles por servicios imaginarios al tramitarles indemnizaciones por jubilación o accidentes de trabajo, mantiene el ministerio público.

Hasta su detención el pasado febrero, Sánchez Fuentes, de 53 años, era conocido y temido en A Coruña por ser el líder de un sindicato aparentemente combativo. Era capaz de poner en jaque la ciudad con huelgas que inundaban sus calles de basura y hedores en pocos días. Fundó el STL tras ser expulsado de la CIG, principal central sindical de Galicia. Personas que lo trataron entonces cuentan que de su antigua organización lo echaron por “incidentes graves”. El detonante fue una agresión a un compañero, que se produjo cuando ya estaba bajo sospecha por sus manejos con el dinero. Se detectaron “dietas injustificadas” y sombras en la gestión de unos cursos de formación que debían ser gratuitos.

Ya al frente de su propio sindicato, se paseaba en coches de alta gama y con relojes de lujo en la muñeca. Varias fuentes consultadas que coincidieron con él en los últimos años coinciden en atribuirle actitudes “mafiosas”. Los testimonios recogidos en el sumario desvelan que Sánchez Fuentes y sus compinches tenían atemorizados a los trabajadores y la leyenda de que portaba una pistola ha sido confirmada por los pinchazos policiales. Un empleado que se dio de baja de su sindicato para irse a otro se topó con su coche vandalizado, pintadas en los muros de la empresa llamándole “yonqui” y carteles difamatorios con su cara en baños y taquillas.

El STL ha sido desde que nació la central mayoritaria en el servicio público de limpieza de A Coruña. Su líder siempre ha estado en el foco por sus choques con las adjudicatarias y el Ayuntamiento. Llegó a sentarse en el banquillo porque un detective que le puso Cespa lo denunció por amenazarle con una pistola en un centro comercial. En el juicio, Sánchez Fuentes contó que había sido entrenado por la Guardia Civil en “autovigilancia” cuando trabajó como conductor trasladando presos. Salió absuelto. En 2010 acampó frente a la compañía en protesta por haber sido despedido y Cespa acabó readmitiéndolo. Hace solo un año, puso contra las cuerdas al gobierno local con una huelga enmascarada que incluyó una avalancha de desperdicios en las calles y camiones y contenedores en llamas.

Contactos políticos

FCC y Prezero no son las únicas empresas salpicadas por su compadreo con el sindicalista. La jueza ha abierto una pieza separada tras escuchar en los pinchazos cómo un director técnico de Geseco, filial del grupo Copasa, una de las principales constructoras de Galicia, pidió información confidencial a Sánchez Fuentes sobre un concurso del Ayuntamiento de A Coruña: “¿Tú tendrías manera de conseguir qué empresas se presentaron ahí a los jardines de Coruña en cada lote? Que tú ahí tienes llegada”. El sindicalista le consigue la lista cuando el documento del procedimiento aún estaba encriptado. El directivo y la empresa están investigados por presunta revelación de secretos.

La trama ha llegado hasta el acuerdo de investidura de la alcaldesa, la socialista Inés Rey. El BNG condicionó su apoyo a su nombramiento a que se indague en “la implicación de las concesionarias en el caso STL”. El líder sindical presumía entre los suyos de tener contactos políticos. La policía grabó una llamada que le hizo Enrique de Salvador (PP), exconcejal de Medio Ambiente de A Coruña que hoy ocupa un cargo en la Consellería de Medio Ambiente, pidiéndole trabajo para su hijo. “Es uno de los contactos que yo tengo en la Xunta de Galicia, que podía solucionarnos algunos temas”, le explica Sánchez Fuentes a una colaboradora mientras busca cómo hacerle hueco al vástago del exedil.

De Salvador no está investigado. A preguntas de este periódico, explica que llamó a Sánchez Fuentes un mes antes de su detención porque sabía que “gestionaba una empresa” que daba empleo a personas con discapacidad, en alusión a Inusvalia. Alega desconocer que ese vínculo con la sociedad era a través de una testaferro, uno de los puntos que investiga la jueza, y asegura que su hijo no llegó a obtener el empleo.

Los tentáculos de la presunta trama de Sánchez Fuentes no se quedan en A Coruña. En 2020 el sindicato CIG denunció ante la Fiscalía un “modus operandi” idéntico en Ourense, pero las diligencias fueron archivadas. La concesionaria de la limpieza en esta ciudad es una UTE integrada por dos de las empresas investigadas en A Coruña (FCC y Geseco) y los denunciantes piden ahora que se reabran las pesquisas. Explican que las contrataciones se hacían también a través de Imprego y que en la Fiscalía presentaron recibos de las mordidas que pagaban los beneficiados. Cuando contrató a la empresa vinculada a Sánchez Fuentes, la adjudicataria del servicio pasó de no cubrir ninguna vacante a inflar la plantilla, asegura la CIG. “Es sorprendente que la Fiscalía mirara para otro lado”, lamenta su líder en Ourense, Anxo Pérez. “Aquí la gente tenía entonces miedo a hablar, y viendo lo que está saliendo en A Coruña no me extraña, pero ahora ya no. Y tenemos más datos”.