"Los impactos ambientales no son nuevos, pero se mantienen en un momento en el que estamos llegando al límite del planeta", dice Luis Rico, uno de los tres coordinadores de Ecologistas en Acción, que concluye que detrás del reguero de conflictos ambientales que están surgiendo por todo el país se encuentra siempre "el mismo hilo conductor: seguir lucrándose con el turismo, con la agricultura intensiva y con otras actividades. Y no son capaces de parar".

Sin embargo, algo parece estar comenzando a cambiar después de que una movilización social haya logrado detener el proyecto de profanación del santuario pirenaico de la Canal Roya -uno de los últimos ríos vírgenes de la cordillera, con la instalación de un telesilla para conectar unas estaciones de esquí- o de que otra de carácter institucional haya dejado en el aire un plan para añadir más presión de regadío a un acuífero de Doñana esquilmado por la agricultura y el turismo.

El origen de estas prácticas de depredación, que se centran en el agua, el monte y el paisaje de manera principal (y que incluyen presiones intensas en el flanco extractivista de la energía eléctrica e incipientes en otras como el biogás o la minería) se encuentra en el propio modelo productivo de la economía española y su dependencia del ladrillo y el turismo.

La expansión de ese modelo, emblemáticamente reflejado en aquel "Sobrabas, país / Solo querían agua / Montañas y electricidad" de La Ronda de Boltaña, lleva años haciendo saltar las costuras de la sostenibilidad ambiental del país con una creciente demanda de recursos que, a menudo, supera los disponibles mientras algunos de ellos, como el agua, se están viendo mermados por fenómenos como el cambio climático.

Este es el mapeo de los grandes conflictos ambientales abiertos ahora mismo en España, varios de los cuales están generando intensos debates y algunas movilizaciones en las comunidades en los que se localizan en plena campaña de las municipales y, en más de medio país, de las autonómicas también.

El agua: disponibilidad menguante y demanda creciente

"La Unión Europea simplificó el modelo económico español, en parte por la deslocalización de empresas" industriales en los años 90, describe Rico, para dar paso a un mayor peso del turismo. Un sector cuya principal fuente de ingresos se localiza en la actividad inmobiliaria asociada, es decir, en los conceptos de primera línea, de playa de la costa y de pista en la montaña, y en las posibilidades de explotación de vivienda de venta y de alquiler que generan.

De manera paralela, en las últimas décadas "se han perdido muchas explotaciones agrícolas y ganaderas familiares y se ha ido concentrando la propiedad y la actividad" del campo. Al mismo tiempo, "se han ido cambiando cultivos de secano por otros de regadío, en un proceso que se ha concentrado en algunas de las zonas más secas del país", como el Levante, Los Monegros o algunas zonas de Andalucía.

Esos procesos de industrialización del turismo, de la agricultura y de la ganadería (con las macrogranjas y el auge del complejo agroalimentario dirigido a la exportación como principales exponentes) han confluido en un desmesurado aumento de la demanda de agua.

De hecho, la desmesura de esa demanda por la confluencia de esos factores es una característica común de tres de los grandes conflictos ambientales en torno al agua que ahora mismo se mantienen abiertos en España.

El de mayor relevancia mediática es el que gira en torno a la sobreexplotación del acuífero de Doñana, que soporta presiones de un regadío que sigue en fase expansiva pese a la evidente escasez, agravada por las extracciones clandestinas, de un urbanismo que proyecta nuevas zonas de expansión junto a los humedales y de un foco turístico de la magnitud de Matalascañas.

Para ello, el Gobierno prepara un suministro alternativo ante el riesgo de que esa confluencia de factores, en buena parte impulsados por la Junta de Andalucía, acabe derivando en sanciones de la UE.

El levante incluye otros dos claros ejemplos de insostenibilidad hídrica. El primero de ellos, en el Mar Menor murciano, en este caso agravado por la acumulación de nutrientes, ante la incapacidad del ecosistema para absorber los residuos que generan la agricultura y la superpoblación turística. El segundo se halla en la reclamación de más y más agua de otra cuenca tanto para ese territorio como para el País Valencià a través del trasvase Tajo-Segura, cuya insuficiencia lleva décadas enmascarando la política, con debates que eluden lo esencial, que es el desequilibrio entre demanda y disponibilidad.

Se trata de dos pruebas del nueve de depredación de recursos hídricos para mantener unos complejos agroalimentarios y turísticos a todas luces sobredimensionados y cuya viabilidad se está reduciendo como consecuencia del cambio climático.

Completa el bloque las Tablas de Daimiel, un humedal, declarado reserva de la biosfera, cuya agonía resulta la confirmación de la insostenibilidad de la gestión del agua en la cuenca de un Guadiana que hace años que perdió sus ojos. "El problema de Daimiel es el mismo que el de Doñana, se trata de acuíferos que están reventados por la sobreexplotación", señala Rico.

La explotación de un monte en transición por el cambio climático

"No hay nieve, pero aun así pensamos en ampliar las estaciones de esquí", apunta el coordinador de Ecologistas en Acción sobre proyectos como la unión de los complejos invernales de Candanchú y Formigal, momentáneamente paralizado como consecuencia de una inusual movilización social e institucional en el Pirineo.

El proyecto de Canal Roya (Huesca), valorado en 26 millones de euros, que el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca preveían financiar con cargo a los fondos europeos, forma parte de otro más amplio bautizado hace una década como Aragón Ski Circus. Este incluye otras tres actuaciones: la ampliación de Cerler por Castanesa para crear uno de los mayores dominios esquiables de Europa; la construcción de un teleférico entre Benasque y Cerler; y la unión con otro telesilla de Astún y Candanchú, las dos estaciones alpinas de propiedad privada del Pirineo aragonés.

Estos proyectos están valorados, respectivamente, en ocho, diez y ocho millones de euros que el Gobierno de Aragón también pretende cargar a los fondos Next Generation con el visto bueno del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como en el caso de Canal Roya, donde la lucha de los ambientalistas y de la gente del Pirineo se concentra ahora en forzar la declaración de un parque natural.

"El proyecto en sí es una barbaridad que había quedado aplazada y que han intentado revitalizar con los fondos europeos", señala Luis Rico, que pone en tela de juicio la viabilidad del modelo turístico basado en el esquí, cuando las previsiones apuntan a que en un par de décadas no va a haber nieve por debajo de los 2.000 metros de altitud.

Los telesillas y el funicular de Aragón Ski Circus tienen, no obstante, una estrecha relación con la transición de esos complejos a un modelo de negocio desestacionalizado que permita su explotación en los meses cálidos, en línea con el que comienza a aplicarse en algunas áreas de montaña de Centroeuropa. Todo ello sin dejar de lado el concepto ladrillero de primera línea, especialmente claro en el caso de Benasque, donde el objetivo central del transporte es acercar al pueblo esa franja conceptual que ahora se ubica en Cerler.

Ese tipo de transiciones tampoco carecen de impactos, tal y como se está poniendo de manifiesto en Valdezcaray (La Rioja). Allí la puesta en marcha de una tirolina de 400 metros de longitud a más de 1.600 de altitud y un circuito de bicicleta de montaña de 17 kilómetros han activado las alarmas de los colectivos ambientalistas por el impacto que esas atracciones pueden generar en la biodiversidad. Esto les ha llevado a pedir la paralización de los proyectos.

El entorno está habitado por especies en peligro de extinción como la perdiz pardilla y por colonias de erebia menor y de erebia azabache, dos especies de mariposa que se encuentran en la misma situación.

Llama la atención que el promotor de esas actuaciones sea una empresa pública, rasgo que coincide en parte con las del Pirineo. En este último, tres de las cinco estaciones de esquí alpino son gestionadas por Aramón, un hólding participado al 50% por el Gobierno de Aragón y el banco Ibercaja.

Tampoco otro Gobierno, en este caso el vasco, es ajeno al conflicto que se ha desatado en torno a la reserva de la biosfera de Urdabai (Vizcaya). Un lugar donde la Fundación Guggenheim pretende instalar un museo y abrir una vía verde para enlazar su ubicación en Murueta con un punto de Gernika donde se plantea abrir otro y por la que, si se cumplen sus previsiones, pasarían en torno a 140.000 personas al año.

El proyecto ha provocado una intensa movilización en el entorno de Urdabai, donde se teme que lo que no deja de ser una ampliación del museo bilbaíno derive en una turistificación de la reserva con su consiguiente deterioro.

La turistificación degrada el litoral de las islas

"Al final, tenemos impactos turísticos por todo el país, con episodios como el de Valdecañas o con hoteles que siguen funcionando en Canarias con las concesiones para operar en el dominio público costero caducadas", apunta Rico.

La presión del turismo tiene su propia versión en los dos archipiélagos españoles, donde esa actividad supone uno de los principales componentes de la economía aunque, al mismo tiempo, se ha convertido en una devoradora de recursos de tal magnitud que pone en riesgo su propia sostenibilidad.

La contaminación, tanto por el vertido de aguas residuales como por el lanzamiento de volúmenes industriales de plástico y de otros residuos, está provocando un deterioro de la costa y de más de una playa. A ello se añade la presión por la construcción de nuevos complejos, como Cuna del Alma -que promueve la edificación de 420 villas de lujo en Tenerife-. O el Puertito de Adeje, cuyos promotores plantean ubicar 3.600 plazas hoteleras en uno de los últimos rincones sin turistificar de la isla.

En Balears el principal conflicto gira en torno al recientemente aprobado Plan de Puertos, que aumenta el número de amarres disponibles en algunos de ellos y el número de barcos que pueden fondear en algunas calas y bahías como vía para aumentar el volumen de embarcaciones de ocio que naveguen por las islas.

El grito de "renovables sí, pero no así" arraiga en el mundo rural

Cuando llegó As bestas de Rodrigo Sorogoyen, hacía años que el grito de "renovables sí, pero no así" había arraigado en el mundo rural. Sus habitantes ven cómo las centrales de captación de energía eólica y solar en las que se basa el proceso de transición hacia la descarbonización energética ocupan el monte sin dejar beneficios más allá de los ingresos que reciben los propietarios de las parcelas que compran alquilan los promotores.

Este proceso, además de reducir las superficies de cultivo de secano, ha distorsionado el desarrollo de actividades complementarias de la agricultura como el turismo rural y amenaza con tener efectos similares en otras como el turismo activo en embalses.

Ese proceso de expansión lleva asociados efectos secundarios como una elevada mortandad de aves que amenaza con provocar impactos en la salud pública y en la animal al reducir la actividad de limpieza de cadáveres del monte que llevan a cabo los pájaros necrófagos como los buitres.

La mortandad de aves ha hecho que el asunto llegue hasta la Fiscalía en comunidades como Galicia. Mientras, en Catalunya acaba de abrirse un nuevo foco de conflicto tras haber formulado el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) una declaración de impacto ambiental favorable a la construcción de varias líneas de alta tensión de más de 300 kilómetros de longitud para transportar a Barcelona energía eólica generada en Teruel.

El proyecto supone la confirmación de cómo el diseño geográfico del nuevo modelo energético replica el franquista de abastecimiento de los polos industriales y demográficos desde las zonas rurales y despobladas, aunque en este caso con la exportación a otros países europeos como complemento.

El despliegue de otros sistemas de generación de energía calificados como verdes, como es el caso de la biomasa o el biogás, levantan recelos en las zonas donde sus promotores pretenden ubicarlos, como ocurre con el segundo de ellos en Cabezón de la Sal (Cantabria). Sus vecinos denuncian la ubicación de una central en un área desde la que los vientos dominantes llevarán sus emisiones contaminantes hasta el casco urbano y tan cercana al río Rey que les hace temer que este vaya a verse deteriorado por eventuales vertidos contaminantes.

La cara b de los residuos de la agricultura y la ganadería en Navarra y Castilla y León

El Ayuntamiento de Cantapino, un municipio de apenas 900 habitantes de Las Guareñas salmantinas, anunciaba el pasado viernes a sus vecinos que el suministro de agua potable quedaba, de nuevo, interrumpido hasta nuevo aviso tras haberse detectado la presencia de Matolacloro en una concentración superior a la permitida en la red de abastecimiento.

El episodio, del que hay varios antecedentes y que se debe al uso de este herbicida procedente de la anilina en los campos de cultivo cercanos al pozo desde el que se suministra al pueblo, es uno de los que se engloban en la llamada "contaminación difusa", frecuente en la España vacía y especialmente intenso en Castilla y León.

"Los plaguicidas y los biocidas no se quedan en el vegetal. En la mayoría de los casos van a parar al medio acuático", explica Koldo Hernández, coordinador del Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción. Hernández recuerda cómo se da un proceso similar con buena parte de los purines que genera la ganadería. "A eso se le llama contaminación difusa porque no se produce en un punto concreto, como podría ser una tubería, y porque lo sufre mucha gente", señala.

Tanta como para que, según un estudio elaborado por esta organización ambientalista, 197 poblaciones en las que residen algo más de un millón de personas (y en las que se concentra una cabaña ganadera de más de cinco millones de plazas) sufrieran el año pasado cortes de agua de boca por superar la presencia de nitratos (procedentes de la agricultura y la ganadería) en una concentración que la normativa considera admisible. Una de cada tres, 66, están en Castilla y León.

Ocurre algo similar con los residuos de plaguicidas, ya que, según otro informe de la misma entidad, esa problemática afectó al suministro de agua de boca en 54 municipios españoles en 2022.

Esos inquietantes resultados se producen en un marco normativo y práctico en el que la presencia de nitratos no se analiza en el 40% de los municipios (más de 3.000) y el rastreo de plaguicidas excluye a los productos de última, y no tan última, generación.

En ese contexto, cobran todo el sentido conflictos como los desatados en torno a las macrogranjas de vacas de Caparroso (Navarra) y de Noviercas (Soria) ante los eventuales efectos nocivos para el medio que puede generar su actividad.

La conservación del lobo, el arboricidio y la minería

El listado de los grandes conflictos ambientales se completa con otros tres. Entre ellos se incluye el enfrentamiento entre conservacionistas, ganaderos y cazadores en torno a la conservación del lobo en comunidades como Asturias.

Allí, el Gobierno autonómico ha mantenido históricamente una posición ambigua en la que la salvaguarda de la biodiversidad ha tenido a menudo menos peso que el atractivo electoral de algunos actores del conflicto.

Esa estructura tiene algunos paralelismos con los que presenta el arboricidio en el que lleva cuatro años aplicándose con intensidad el Ayuntamiento de Madrid. Este va a tener uno de sus episodios paradigmáticos en la tala de más de 5.000 árboles al socaire de la operación Chamartin, por la ampliación de la línea 11 del metro, financiada con 372 millones procedentes de los fondos europeos.

Cierran el catálogo los proyectos para explotar dos minas de litio en Extremadura, una en San José de Valdeflores y otra en Cañaveral, con vistas a abastecer a las fábricas de baterías para el coche eléctrico.

"La minería tiene mucho que ver con la transición energética", indica Luis Rico, quien advierte de que "se cree que llenándolo todo de placas se va a solucionar el problema, cuando lo que ocurre es que si no bajamos el nivel de consumo no va a haber transición posible. No hay mineral para tanta placa".